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El Servicio Jesuita a Migrantes lamenta la reapertura de los CIE: «No garantizan condiciones de vida digna»

El Ministerio del Interior ha ordenado esta semana la progresiva reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que quedaron inutilizados por el coronavirus para que vuelvan a ser usados con los migrantes que llegan a España en pateras y cayucos. En este contexto, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en España, junto con más de un centenar de organizaciones que trabajan en estos centros, han publicado un comunicado en el que denuncian que los CIE «distan de ser lugares con garantía de derechos y condiciones de vida digna». Además insisten en que «llevamos años denunciando las deficiencias estructurales y de servicios graves que presentan todos los CIE de España, que además de incumplir la normativa y diferentes disposiciones judiciales, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que todavía nos encontramos y que hacen que el internamiento en estos momentos sea no sólo injusto sino insalubre e inseguro», han apuntado.

Por otro lado, censuran que durante el periodo de cierre «no se han llevado a cabo reformas de ninguna naturaleza que hayan supuesto un cambio en las condiciones de internamiento para que ahora se entienda que sí se garantizan los derechos más básicos». Por ello, argumentan que «los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros. Ahora se anuncia una estrategia clara, que persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania. Una vez más, se refleja el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria, utilizando el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección».

Por último, solicitan «el desmantelamiento de las políticas inhumanas de internamiento, devolución y expulsión» y proponen «una reforma migratoria integral, que incluya el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones para evitar tanto sufrimiento inútil» a la par que exigen políticas que promuevan «la acogida digna».

Ningún interno desde el 6 de mayo

El estado de alarma decretado el 14 de marzo y el cierre de fronteras obligó a vaciar los CIE en un proceso que culminó 6 de mayo, día en el que ya no quedó ningún interno ingresado en estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Los últimos migrantes en salir de los CIE fueron dos personas en el de Algeciras. Cabe destacar que la ley permite mantenerlos dentro de los CIE un máximo de 60 días y, si en este plazo no han sido devueltos a sus países de origen, deben quedar en libertad. En el contexto del estado de alarma, que derivó en el cierre de fronteras, fue imposible su retorno a sus países de origen.

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