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El Servicio Jesuita a Migrantes aborda en una mesa redonda la realidad de los CIES durante la pandemia
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El Servicio Jesuita a Migrantes aborda la realidad de los CIEs durante la pandemia y lamentan su reapertura

Esta tarde ha tenido lugar de forma telemática una mesa redonda organizada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para abordar la realidad de los Centros de Internamiento a Extranjeros (CIE) en tiempos de pandemia.

Presentado por Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos  y coordinador de la línea de centros de internamiento del Servicio Jesuita a Migrantes, en este evento han participado Arcadio Díaz Tejera, magistrado juez de control de estancia en el CIE de Las Palmas de Gran Canarias; Elena Arce, técnica jefe del área de Inmigraciones e Igualdad de Trato y Defensor del Pueblo;  Paloma Favieres, coordinadora de Servicios Jurídicos de la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Josep Boades, del equipo CIE de SJM, que se ha ocupado de dirigir el diálogo.

Los cuatro han comenzado por abordar lo que fue el proceso de vaciamientos de los CIEs durante el primer estado de alarma.

«Atender a los más vulnerables dentro de los vulnerables»

En este punto, la aportación más destacada ha sido la del magistrado Díaz Tejera, que con la propagación del coronavirus, procedió al cierre del CIE  y traslado de los internos de Barranco Seco, en Las Palmas. «Teníamos que atender a los más vulnerables dentro de los vulnerables», dijo en referencia a los extranjeros cuyas libertades se ven mermadas, en un grado de equivalencia a los presos de una cárcel. Cabe recordar en este punto, que estas personas no han cometido delito alguno salvo encontrarse en situación irregular en nuestro país.

Díaz Tejera habló de las dificultades a la hora de encontrar recursos para atender a estos extranjeros que habían enfermado y denunció públicamente la actuación del gerente de uno de los hospitales consultados, que no puso los medios para poder atenderlos. También destacó la falta de información que poseían los 42 internos del CIE de Barranco Seco a solicitar el asilo y que los distintos agentes implicados en el cuidado de estas personas no fueran proactivos a la hora de explicarles sus derechos y del amparo que les brindaba el derecho internacional. «Es un drama que los propios chicos no se vean como sujetos de derecho con tal de que les den algo de comida (…). Me resulta indignante que todavía se siga diciendo, desde informes jurídicos, que estaban en libertad los centenares de personas que vivieron hacinados durante cuatro meses en el muelle de Arguineguín; y que si siga diciendo que si no se iban de ahí es porque no querían».

Paloma Favieres, de la CEAR, comentó momentos de «nerviosismo y confusión» en el tratamiento de algunos expedientes en una situación tan complicada como la de los primeros envites de la pandemia. También apuntó la «falta de medios» para la protección personal de las personas que trataban con los internos y el que no hubiera una política armonizada en lo relativo a los protocolos de actuación incluso entre las provincias de una misma comunidad autónoma.

Vigilia en el CIE de Barcelona pidiendo por su cierre en febrero de este año

«Los CIEs no son ni eficaces ni eficientes»

La reactivación de los CIEs fue otro de los temas dialogados por los expertos en esta materia. Desde el 23 de septiembre del año pasado, estos lugares de internamiento, previo paso a la deportación de los extranjeros que recalan en estos centros, vivieron una situación comprometida.

Elena Arce, Defensora del Pueblo, aportó datos de la Comisión Europea relativos al año 2019 para denunciar que solo un 32% de los retornos que se ordenan se llevan a cabo. Esto implica una situación de desamparo para el resto de internos. Con la reapertura de los CIEs, Arce ha querido señalar que estamos volviendo a vivir los mismos problemas que en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado en lo que a materia sanitaria se refiere. Para la defensora del pueblo, la noticia no está en el cierre temporal de los centros de internamiento sino que 11 años después, se haya hecho justicia con los familiares de Samba Martine, interna del CIE de Aluche, en Madrid, quien falleció después de no haber recibido tratamiento médico después de haberlo reclamado en repetidas ocasiones.

Ante la falta de medios y soluciones del Ministerio de Interior, está a vía de la sociedad civil.

Por último, el tercer bloque temático de esta mesa redonda ha intentado adentrarse en lo que ha sido el internamiento durante la covid-19; enfrentando tanto los protocolos anticontagio como las medidas en casos de positivos en estos lugares o las carencias en el plano de la asistencia jurídica a los internos. Como telón de fondo, estaba la pregunta de qué se ha aprendido durante todo este tiempo, tomando como modelo el informe del JRS (Jesuit Refugee Service).

Elena Arce, a este propósito, a vuelto a marcar la falta de médicos para atender a estas personas, exponiendo el caso  algunos de Madrid, donde apenas hay un facultativo para atender a todos los que están recluidos. «Ante la falta de medios y soluciones del Ministerio de Interior, está a vía de la sociedad civil».

Josep Boades, antes de dar paso a las preguntas de los asistentes virtuales, ha remarcado la «pésima labor» de los medios de comunicación «creando alarma social» con la sentencia del Tribunal Supremo en el pasado mes de julio que confirma el derecho a la libre circulación por la península a las personas demandantes de asilo.

Paloma Favieres, a la cuestión sobre si el sistema de acogida humanitaria puede ser una alternativa al internamiento, ha dicho que el programa de Atención Humanitaria es la única alternativa y «la covid-19 lo ha puesto de manifiesto». «El coronavirus ha sido una ocasión para vulnerar derechos». «No se puede seguir prolongando el modelo de campamentos más allá de una semana o quince días».



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