Pedro José Huerta, secretario general de Escuelas Católicas
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El secretario general de Escuelas Católicas: Más plurales, más libres, más iguales

El secretario general de Escuelas Catóilcas, Pedro Huerta, en nuestro número de ECCLESIA 4.052, ha publicado un artículo reclamando una ley educativa integradora: «La mayor parte de la educación concertada de nuestro país la conforman centros de ideario católico, que cuidan su proyecto educativo desde la propuesta de las bienaventuranzas, que integran comunidades educativas plurales, que colaboran en la mejora de la calidad educativa desde una formación permanente y un acompañamiento desde una pastoral de conjunto. Es evidente que esta pluralidad molesta, y por eso se pasan por alto las apuestas de solidaridad, acogida e integración que la escuela concertada, y específicamente la católica, presta a nuestro sistema educativo y a la sociedad en general».

Cuando el 23 de septiembre el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez, al presentar las enmiendas conjuntas de su grupo y de PSOE a la LOMLOE, afirmó sin pudor que la existencia de la educación concertada en España era una anomalía en el conjunto de Europa que la nueva Ley educativa venía a corregir, marcaba el comienzo de las movilizaciones y actuaciones de todas las entidades representativas de la educación concertada en nuestro país, que se ha consolidado mediante la campaña «Más plurales». La tramitación del proyecto de Ley (LOMLOE) ha unido en una misma reivindicación a los titulares de los centros, las asociaciones de madres y padres de alumnos y los representantes de los trabajadores. En las últimas semanas se han adherido un buen número de instituciones y asociaciones que se identifican con los argumentos de la campaña en la defensa de una educación más plural, de calidad y en libertad.

A nadie se le escapa que nuestro sistema educativo necesita reformarse, poco han contribuido los continuos cambios legislativos que solo consiguen cansar a la comunidad educativa y se justifican exclusivamente en la confrontación política, por lo que acaban impregnando de ideología lo que solo debería reflejar mejora pedagógica y organizativa, tanto para el sistema como para los mismos centros educativos. Llevamos años exigiendo un pacto educativo político y social que afronte estas mejoras desde el consenso, con la vista puesta en la formación que queremos para las generaciones futuras, mejorando la financiación, protegiendo la calidad de la educación, tanto en la red pública como en la privada-concertada. Sin embargo, en más de cuarenta años de democracia, tanto los gobiernos como los partidos de oposición han preferido confiar en leyes destinadas más a acabar con la anterior que a promover la educación.

En este contexto nace la LOMLOE, anunciada el mismo día que el Congreso aprobaba la LOMCE con intención de derogarla por considerarla falta de consenso, y que se ha convertido en la ley menos participada de nuestra democracia. La última constatación de este hecho lo confirma la negación de la Comisión de Educación del Congreso para admitir la comparecencia de expertos y entidades educativas en el debate sobre las enmiendas a la Ley. A esto se une la buscada oportunidad del Gobierno para tramitar una ley de este calado, e impregnada de una fuerte carga ideológica, al mismo tiempo que sufrimos la crisis sanitaria más grave de los últimos cien años, con los centros educativos volcados en cumplir los protocolos de seguridad para mantener las clases pero sin recibir todas las ayudas prometidas, con los profesores y directivos extenuados por esos mismos protocolos y por compaginar grupos y alumnos en enseñanza presencial y enseñanza telemática, con las familias preocupadas por la seguridad de sus hijos y de su propio núcleo familiar. No se ruborizó la ministra de Educación cuando, interpelada por esta situación en el Senado, afirmó que de tener aprobada la LOMLOE nada de esto habría pasado.

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