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El PSOE, el «Concordato» y la verdad de la libertad religiosa – editorial Ecclesia

El PSOE, el «Concordato» y la verdad de la libertad religiosa

            No es misión de una revista como ecclesia el estar permanentemente pendiente de lo que hacen o dicen los partidos políticos, aunque otros medios de comunicación –incluso en ámbito o segmentos eclesiales- sí lo hagan, singularmente si es el PSOE quien habla y quien, por ejemplo y por enésima vez, exija la derogación del que ellos llaman «Concordato» con la Santa Sede. Lo anterior, en absoluto, es o supone falta de respeto hacia este o hacia ningún partido político, ni tampoco escoramiento partidista alguno. Es por las obras y por los frutos por donde, desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia,  juzgamos la vida pública y política y no por gustos, preferencias o inclinaciones personales.

         Por ello, la semana pasada eludimos referirnos a que, en el final de su discurso del congreso extraordinario federal del PSOE, de los días 25 a 27 de julio, su nuevo y flamante secretario general, Pedro Sánchez, aludió, dentro de un conjunto de proclamas un tanto mitineras, a que su partido político derogará el «Concordato» en cuanto regrese al poder. Eso sí, anteponiendo que «los socialistas no somos anticlericales»…

Días después, el viernes 1 de agosto, en una entrevista radiofónica, Pedro Sánchez volvió a reiterar ambas afirmaciones. Asimismo, el nuevo líder socialista abundó en la idea, ya adelantada el domingo 27 de julio, de que el PSOE retornará a la ley del aborto de 2010 (la ley Aído o Zapatero) –la letal e inicua ley del aborto de 2010 que, por cierto, sigue en vigor- y que la clase de Religión no debe ser evaluable.

Los Acuerdos Iglesia-Estado Español de 1979 no son, evidentemente, ningún dogma de fe ni político ni religioso.  Como tampoco cabe duda del gran servicio que han prestado y siguen prestando desde entonces y que, como todo en la vida, también estos acuerdos pueden ser renovados o reformados. Pero de ahí a no llamarlos por su nombre y a utilizarlos constantemente como arma política arrojadiza dista un abismo. Y subrayamos, además, la idea que dichos acuerdos no son un concordato, porque el empleo de este segundo término, asociado al siglo XIX y al franquismo, es peyorativo y se utiliza, sobre todo, para desprestigiarlos.

La Santa Sede mantiene acuerdos o convenios bilaterales con unos ciento cincuenta Estados de todo el mundo.  Todos estos acuerdos –como los nuestros de 1979- se inspiran en la doctrina correspondiente del Concilio Vaticano II, que quiere la separación entre la Iglesia y el Estado, que no busca privilegios, sino servir, desde la colaboración con las instancias públicas, al bien común de los ciudadanos. Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, además, nacen y se insertan plenamente en la letra y en el espíritu de la Constitución de 1978. Y a estos Acuerdos, desde la aconfesionalidad del Estado o laicidad en sentido positivo,  han seguido a lo largo de los años otros firmados entre el Estado español y distintas confesiones religiosas. Y la Iglesia católica ni ha objetado ni tiene nada que objetar al respecto, sino todo lo contrario.

Pedro Sánchez apuesta ahora por renovar y «traducir» dichos acuerdos en una Ley de Libertad Religiosa, «que garantice el hecho religioso y la igualdad de todas las religiones que conviven en España, principalmente la católica».

Tampoco, en principio, tendríamos nada en contra de una ley de libertad religiosa… Pero resulta que esa ley existe desde 1980 y su vigencia y eficacia se justifica y se avala por sí misma. Basta con abrir los ojos y ver cómo el pluralismo religioso y la libertad de culto y conciencia, con todas sus consecuencias y expresiones, se viven con plena naturalidad en España y sin atisbo alguno de problemática social.

Eso sí, una cosa es esta, y otra que la gran mayoría de la población española se adhiera a una confesión religiosa concreta, que, es, en nuestro caso, la católica. Pero, claro, esto no se puede ni se debe legislar, porque  de ningún modo es tarea de gobernantes ni de legisladores intervenir – tanto en un sentido como en otro- en ello. Y es que cualquier intervención que buscara alterar la libre adhesión de los ciudadanos a una religión o a ninguna, sería no respetar el inviolable derecho a la libertad religiosa, derecho que sí es complementario y compatible con acuerdos como los vigentes con la Santa Sede y con otras confesiones.

 



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