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El Gobierno de Aragón y la diócesis de Barbastro-Monzón unen fuerzas para el regreso de los bienes

El obispo de Barbastro-Monzon, Ángel Pérez Pueyo, ha agradecido la colaboración del ejecutivo autonómico y subraya la importancia de «tender puentes de colaboración —también con Cataluña— para potenciar la fraternidad e impulsar proyectos que redunden en el bien del pueblo». El 15 de febrero es la fecha límite marcada por el juez para el retorno de los 111 bienes de las parroquias aragonesas. Así lo ha comunicado Iglesia de Aragón que ha publicado que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha mantenido este viernes un encuentro con el obispo de Barbastro-Monzón, con el fin de establecer criterios de implicación y actuación conjunta con respecto al retorno de los bienes de las parroquias aragonesas que actualmente se encuentran en el Museo de Lérida y que, por sentencia judicial, deben regresar en el plazo máximo de un mes para ser depositados en el Museo Diocesano de Barbastro.

El encuentro, en el que han participado también el vicario general y delegado de Patrimonio, Ángel Noguero, el consejero de Cultura, Felipe Faci, y el director de Oficia, José María Albalad, ha ayudado a perfilar una estrategia común ante «un asunto de dignidad y justicia con el pueblo aragonés que trasciende lo artístico e, incluso, lo religioso», en palabras del prelado.

Pérez Pueyo ha recordado jubiloso que «la Justicia nos ha vuelto a dar la razón», pero se ha mostrado cauto porque «hasta que el árbitro no pita el final del partido, todo es partido y el gol puede llegar en cualquier momento». Por ello, se ha mostrado cauto y ha hecho un llamamiento a la prudencia, pues «los bienes todavía no han vuelto».

Precisamente, en este momento crucial del proceso, el obispo ha agradecido la disponibilidad de la DGA para brindar apoyo técnico en el regreso de los bienes y para restaurar aquellas obras que lo necesiten. A medio plazo, ante los planes de la Diócesis de revitalizar el medio rural a través del arte, la cultura y el patrimonio, Lambán ha asegurado que el Gobierno de Aragón estará ahí, a disposición, para lo que se le requiera.

El prelado ha querido enviar un agradecimiento expreso a las Cortes de Aragón por su apoyo unánime, que dieron el año pasado todos los grupos de la Cámara. «Esa ayuda afectiva irá dando paso, tal como se ha puesto de manifiesto en el encuentro de hoy, a una ayuda cada vez más efectiva que permitirá hacer frente a la despoblación y a revitalizar los valles pirenaicos», ha explicado.

Proceso complejo

El Gobierno de Aragón es coadyuvante en la demanda de devolución de los bienes por no ser propietario de las 111 obras, que son titularidad de las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón, y ha participado en esta causa como tal a raíz de la demanda interpuesta por los servicios jurídicos de la Diócesis en febrero de 2018 al Museo Diocesano y Comarcal de Lérida.

«Quiero agradecer públicamente el trabajo callado pero determinante del letrado de la Comunidad Autónoma, Alberto Gimeno», ha precisado el obispo aragonés, quien no se ha olvidado del equipo jurídico del Obispado, «liderado con brillantez y maestría por el abogado Joaquín Guerrero». «El servicio prestado nunca se podrá valorar en su justa medida», ha remarcado, en alusión a un proceso que ha acumulado más de 25.000 folios.

Hito histórico

De lograrse la ejecución, se terminaría una problemática iniciada hace 25 años, en 1995, con la modificación de los límites de las diócesis de Lérida y de Barbastro, lo que suponía un cambio en la situación patrimonial de los bienes que habían sido trasladados desde las parroquias aragonesas hasta el Museo de Lérida para su estudio y difusión.

De acuerdo con el decreto Illerdensis-Barbastransis de finium mutatione, de 15 de junio de 1995, el patrimonio de las parroquias aragonesas transferidas de la diócesis de Lérida debía retornar a las parroquias propietarias. Se inició así un largo proceso eclesiástico en el que, en diferentes instancias [la última fue el decreto definitivo del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica], se obligaba la devolución a tierras aragonesas.

Al no ejecutarse lo dictado por la Iglesia, se recurrió a los tribunales civiles como última alternativa. «Este proceso lo iniciamos con humildad y sin afán de prepotencia, con la única intención de que se hiciera justicia», ha recordado Ángel Pérez, que sigue «con el mismo espíritu» y «con la voluntad de tender puentes de colaboración en proyectos culturales, artísticos, religiosos y económicos con Aragón y, también, con la comunidad hermana de Cataluña».

«Lejos de enfrentamientos —ha subrayado Pérez—, la Iglesia católica busca potenciar la fraternidad y la cohesión social, a través de una intensa actividad que humaniza y crea riqueza, no sólo económica, sino también en aquellos valores que construyen a la persona. La vuelta de los bienes será, sin duda, un logro compartido para Aragón como pueblo que debe impulsarnos a construir una sociedad mejor».



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