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El Gobierno aragonés descarta comprar el antiguo monasterio de Santa Fe

monasterio santa fe

Tampoco prevé expropiar el conjunto, que está en manos de particulares desde la Desamortización de Mendizábal

El Gobierno aragonés ha descartado comprar lo que queda del Monasterio de Santa Fe, situado en el zaragozano barrio de Casablanca. Chunta Aragonesista presentó una iniciativa en este sentido a finales de junio en las Cortes regionales. Preguntó al Ejecutivo autónomo si tenía pensado ampliar la catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) a todo el conjunto de este antiguo cenobio y si contemplaba comprar o expropiar los restos arquitetónicos que se conservan y que están en manos privadas desde la Desamortización de Mendizábal, en 1835.

La respuesta del Gobierno aragonés ya ha llegado, con un no en ambos casos. Entiende la Consejería de Cultura que, tras «las últimas visitas técnicas realizadas al inmueble», se ha concluido que «la protección actual es suficiente para los elementos más representativos por su porcentaje de integridad y originalidad».

Asimismo, responde que el Gobierno aragonés «no contempla por el momento» ni la compra ni la expropiación de lo que queda de este monasterio. Las partes de más valor son su iglesia y la puerta principal, que están catalogados como BIC pero que, según destacan desde CHA, se encuentran «en un estado muy precario».

El Monasterio de Santa Fe fue fundado en el siglo XIV, aunque el conjunto arquitectónico que se conserva corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII, de estilo barroco.

Los terrenos de Santa Fe se reparten entre tres términos municipales: Zaragoza, Cuarte y Cadrete, en una zona cruzada por el río Huerva. El monasterio propiamente dicho se enclava en suelos del término municipal de Zaragoza.

La Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital pactaron incluir una partida de 200.000 euros para llevar a cabo, antes de que acabe el próximo año, diversas actauciones de mejora en la plaza y en espacios de titularidad pública de ese conjunto. El problema es que en las partes privadas no se pueden destinar fondos públicos. La restauración, en este caso, está en manos de los propietarios exclusivamente.

El conjunto se encuentra amenazado por el acusado deterioro, que hace temer por la conservación de lo que queda de este monumental patrimonio. En estos casos, la capacidad de las administraciones públicas se limita a exigir a los propietarios que mantengan en adecuadas condiciones de conservación el inmueble.

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