Sede del parlamento europeo, en Estrasburgo
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El Europarlamento admite a trámite el recurso contra la Ley Celaá de padres y antiguos alumnos de la escuela católica

El Europarlamento ha admitido a trámite el escrito de amparo contra la Ley Celaá presentado por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (OMAEC-CEAAAEC). Ambas entidades protestan por la «a constante y reiterada vulneración de derechos y  libertades fundamentales de las familias españolas con respecto a la educación de sus hijos que  realiza este gobierno». 

En el mes de mayo se elevó la petición al Parlamento Europeo para pedir este amparo ante una ley que  «generará, sin duda alguna, más división, enfrentamiento y  discriminación entre las familias y sus hijos, solo por el mero hecho de elegir el tipo de educación  que quieren y desean para sus hijos, recogido en nuestra carta magna en sus art. 16 y 27, así  como en el art. 18.4 Asamblea General de Naciones Unidas, Pacto Internacional de derechos  civiles y políticos, 1966, al igual que el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos». 

Los presidentes de CONCAPA, Pedro José Caballero, y OMAEC-CEAAAEC, José Antonio  Cecilia, denuncian la vulneración de estos derechos y libertades fundamentales tales como la  libertad de educación, de elección y creación de centros y la libertad religiosa, así como los  derechos de los alumnos con necesidades especiales o algún grado de discapacidad. Según las asociaciones, el recurso a las instituciones europeas viene motivado por la negativa del Gobierno «de llegar a un verdadero  consenso en materia educativa con toda la comunidad educativa».

Vulneración de derechos

«La nueva ley se ha hecho sin tener en cuenta las directivas aprobadas por el Parlamento Europeo  de Estrasburgo hace dos años, concretamente en la directiva sobre “Actualización de la  Educación en la Unión Europea”», señalan las organizaciones. Y alertan de que «La vulneración de todos estos derechos y libertades fundamentales generan una discriminación  real y efectiva entre las familias». 

En concreto, afirman que la Ley Celaá va contra la gratuidad de la enseñanza obligatoria, la libre elección de las familias, la inversión y los recursos educativos, la discriminación de las familias, y la falta de una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales.

CONCAPA y OMAEC afirman que esta ley «será de corta duración» al nacer sin consenso, y tendrá «consecuencias negativas para el sistema educativo a medio y largo plazo». Además, señalan que «no cuenta con referencias a la nueva situación educativa que se generará en la etapa post-covid19, donde las nuevas tecnologías tendrán un papel primordial y esencial en la  impartición de la educación».

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