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El director del JRS de Colombia: «La situación de los inmigrantes venezolanos en Colombia es dramática»

El pasado 5 de mayo, una semana antes de presentar el mensaje papal para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (27 de septiembre), la Santa Sede hizo públicas unas «Orientaciones pastorales para los desplazados internos», una situación de movilidad forzada en la que se hallan hoy cerca de 50 millones de personas. Para conocer mejor las causas de este fenómeno, ECCLESIA ha conversado con Mauricio García Durán SJ, director desde 2015 del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) de Colombia, el país con mayor número de desplazados internos del mundo.
Doctor en Estudios de Paz y con formación en Ciencias Políticas, este jesuita de 62 años, participante en el Sínodo de la Amazonía, lleva trabajando en temas de paz desde 1990. La situación de los inmigrantes venezolanos es «dramática», advierte.

—Padre Mauricio, antes de nada, ¿cómo se reconoce a un «desplazado interno»?
—En Colombia hay establecido un registro único de víctimas, y los desplazados se tienen que anotar en él para obtener las ayudas del Estado. Eso es lo que permite identificarlos. Muchas personas, sin embargo, no lo hacen. Aunque hay desplazamientos masivos, hay personas que llegan gota a gota a instalarse a los barrios marginales de las grandes ciudades. Nosotros instamos a la gente a inscribirse y les asesoramos sobre las ayudas a las que tienen derecho.

—¿Dónde están ustedes presentes?
—La oficina nacional la tenemos en Bogotá, pero contamos también con cinco delegaciones: en Cúcuta (norte de Santander), en la frontera con Venezuela; en Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio, la primera que abrió aquí el JRS hace 25 años; en Soacha, un municipio pegado a Bogotá con muchísima población desplazada; en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca); y, por último, en Pasto (Nariño), en la frontera con Ecuador.

—¿Y con cuánto personal cuentan? ¿Cómo son sus equipos de trabajo?
—Ahora mismo somos 82 personas entre los cinco equipos y la oficina nacional. Contamos con abogados, psicólogos, trabajadores sociales… Hemos tenido a unos 15 voluntarios nacionales —alguno internacional— y al menos 25 pasantes universitarios hacen sus prácticas con nosotros. Los psicólogos son necesarios porque la gente llega muy golpeada. Los trabajadores sociales acompañan sobre todo en el tema de la ayuda humanitaria. Uno de nuestros objetivos ahora es la prevención del reclutamiento de menores por parte de bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Contamos, además, con personal administrativo, y con profesionales de áreas agropecuarias que ayudan en iniciativas que permitan a los desplazados ganarse la vida. Y finalmente estamos los jesuitas, que somos dos, y que apoyamos en temas pastorales —sobre todo en los tiempos fuertes: Semana Santa, Navidad…— y en cuestiones de reconciliación.

—Veo en el último plan trienal del JRS Colombia que entre las metas para 2022 figura que el 70% de las fuentes de financiación provengan de «al menos diez fuentes estables y diversas». ¿Cómo se financian ustedes ahora? ¿Disponen de  suficientes recursos?
—En este momento sí, pero son recursos muy focalizados en la situación de los migrantes venezolanos, y eso nos ha causado dificultades para atender a nuestros desplazados internos. El 95% de nuestros proyectos tiene una financiación internacional. Nos apoyan, por un lado, las agencias jesuitas: Entreculturas y Alboan en España, los jesuitas del Canadá, los de Suiza, los de Alemania, etc. Luego están otras organizaciones católicas de Bélgica, Austria, España (Manos Unidas), Alemania (Misereor)… Y trabajamos, por último, con agencias vinculadas a organismos gubernamentales o intergubernamentales: tenemos proyectos con la Unión Europea, la cancillería alemana, la Oficina del Departamento de Inmigrantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, etc.

—¿Han participado ustedes en la elaboración de las Orientaciones pastorales para los desplazados de la Santa Sede?
—Nosotros, desde Colombia, no. Pero tengo entendido que la Oficina Internacional del JRS sí lo ha hecho. Hay una estrecha colaboración con la Sección Migrantes y Refugiados. (…).

—El Estado colombiano firmó la paz con las FARC el 24 de noviembre de 2016. Sin embargo, sigue habiendo desplazados…
—Sí. El año pasado hubo unos 70.000. Y en 2018, unos 100.000. En total, desde la firma de la paz se han registrado cerca de 300.000.

—¿Va a más el fenómeno?
—En 2016 y 2017, el número disminuyó, pero en 2018 y 2019 volvió a aumentar. A pesar del acuerdo de paz, sigue habiendo actores armados y una dinámica de desplazamiento, lo que pasa es que se ha visto completamente invisibilizada por la presencia de los migrantes venezolanos. Colombia tiene en este momento al menos 1,8 millones de venezolanos en su territorio.

—¿Ha cambiado en estos tres últimos años el perfil de los desplazados internos?
—Yo diría que no. La mayoría siguen siendo campesinos —algunos indígenas, otros afro-colombianos— que se ven obligados a irse a la ciudad, igual que antes. Lo que hay es un nuevo desplazamiento dentro de las ciudades: un desplazado crónico, alguien que está en la ciudad y se ve obligado a moverse de un sitio a otro. A nuestras oficinas nos llega gente que se desplazó por primera vez hace diez años, y que después ha tenido que hacerlo dos, tres y hasta cuatro veces más para garantizar la seguridad de su familia. Cada vez hay más de estos desplazados crónicos.

—300.000 personas desplazadas en tres años, pero ¿cuántos desplazados internos hay en total en su país?
—Cerca de ocho millones. Los informes de ACNUR sobre refugio y desplazamiento interno siguen mostrando el acumulado histórico, y allí Colombia sigue en el primer lugar a nivel mundial.

—¿Qué actores armados provocan hoy los desplazamientos?
—Son varios. Por un lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que no firmó la paz y que tiene una presencia muy fuerte también en Venezuela. Luego están las disidencias de otros grupos que sí firmaron la paz, como el Ejército Popular de Liberación (EPL), pequeño pero activo, y las propias FARC. Se habla de que, de estos últimos, habrían retomado las armas unos 2.500 exguerrilleros. El ELN, por su parte, contaría con unos 3.000 ó 3.500 hombres en armas. Y a todos ellos hay que añadir los grupos de la desmovilización paramilitar: grupos vinculados sobre todo a las economías ilegales (narcotráfico y minería ilegal) que no se desmovilizaron entre los años 2003 y 2006 con Álvaro Uribe en la presidencia. Estos grupos siguen ejerciendo violencia y control del territorio, y causando desplazamiento. El problema es que el Gobierno no los considera conflicto armado, sino delincuencia común.

—¿Hay ahora conversaciones de paz con el ELN?
—Inicialmente el nuevo Gobierno dijo que no estaba dispuesto a negociar con ellos. Con lo del COVID-19 los guerrilleros declararon una tregua unilateral, pero parece que quieren volver a retomar actividades. Formalmente, en este momento no hay conversaciones.

—¿Quién y por qué está matando a tantos líderes sociales? ¿Y quiénes son estos líderes?
—Las víctimas son sobre todo gente que está metida en el tema de sustitución de cultivos, personas que piden la devolución de sus tierras, líderes concretos, etc. ¿Quiénes están detrás de estas muertes? Los grupos que le he mencionado, sobre todo los vinculados a lo que antes eran los paramilitares. Una de las cosas más preocupantes es que se mantiene un tipo de paramilitarismo que ya no se llama como tal ni se reivindica como tal, pero que sigue actuando y persiguiendo a estos actores sociales.

—Me habla de 1,8 millones de venezolanos. El año pasado ustedes denunciaban ya un «creciente sentimiento de xenofobia y aporofobia» hacia ellos. ¿Cómo está la situación ahora?
—Es dramática, en el sentido de que con el COVID-19 se está viendo a los venezolanos como potenciales transmisores del virus y los niveles de rechazo están siendo mucho mayores. La situación es muy difícil. Muchos de ellos —estoy hablando de 800.000 o un millón— vivían al día: de vender algo en las calles, de subirse al transporte público a pedir ayuda, de pequeños trabajos… Y en este momento con las restricciones y el confinamiento no tienen esta oportunidad. La gente está aguantando hambre y está siendo echada de sus viviendas porque no pueden pagar el alquiler. La situación se ha vuelto mucho más difícil. Ello nos ha obligado a desarrollar estrategias para ayudarles.

—¿Se está actuando contra los venezolanos?
—Sí. En muchos sitios, como se ha pensado que pueden ser potenciales transmisores del virus, algunas municipalidades y gobernadores de departamento los están metiendo en buses y llevando a la frontera. Han sido trasladados así al menos 30.000 ó 35.000 inmigrantes venezolanos.

—¿Dónde están asentados principalmente los venezolanos?
—En todas partes. Donde más, en Bogotá (se estima que hay al menos 300.000) y en las zonas de frontera. También en Barranquilla, en Medellín, en Cali… Todas nuestras oficinas están atendiendo a migrantes venezolanos.

—¿Y son muchas las gobernaciones o municipalidades que están haciendo eso?
—Por lo menos diez, que yo sepa. Han salido buses de Pasto, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga…

—Se supone que los afectados son personas en situación irregular y sin documentos, ¿no?
—Al menos la mitad de ellos tienen permiso especial de permanencia.

—Y teniendo ese permiso, ¿pueden proceder legalmente así las autoridades contra ellos?
—Lo están haciendo.

—¿Es una política estatal o de los propios gobernadores?
—Creo que, más bien, es algo de los gobernadores y de los alcaldes.

—¿Ha habido algún episodio de violencia protagonizado por venezolanos que haya podido avivar este rechazo, algún caso especialmente sangrante o mediático?
—No. Nosotros sabemos de algunos casos, pero más de violencia contra los propios venezolanos. Por ejemplo, hace dos años, en la zona del Catatumbo, en un sitio llamado La Gamarra, un venezolano mató a un peluquero colombiano. Y la población lo agarró y lo linchó. Eso no trascendió, no salió en los medios, pero cuando fui a celebrar allí la Semana Santa encontré que todo el mundo tenía el vídeo en el móvil, y había cierto morbo.
En Cúcuta apedrearon también un sitio donde se daba ayuda a los venezolanos. Se nota que hay un sentimiento creciente de rechazo a la población venezolana. Se huele en el día a día, se palpa en las conversaciones. Te dicen: «¿Por qué les dan ayuda a ellos, si todos estamos jodidos con el COVID-19?». Nosotros estamos convencidos de la necesidad de seguir trabajando en una cultura de la hospitalidad.

—¿Cuál es la situación actual en Colombia con el coronavirus?
—La situación más compleja es en Bogotá, donde se concentran un tercio de los contagiados de todo el país. (…) El mayor número de contagiados y de muertos por millón de habitantes, sin embargo, lo tenemos en la Amazonía. Ahí están colapsados. Han tenido que traer enfermos desde Leticia hasta Bogotá. [A fecha 25 de mayo, en Colombia habían sido diagnosticados 21.175 casos, que habían dejado 727 muertos].

—Padre, ¿usted cree que es realmente posible la reconciliación en Colombia después de tantas décadas de violencia?
—Colombia necesita reconciliarse, necesita pasar página y cerrar definitivamente las heridas. Pero no siempre es fácil. Hay factores que generan mucha resistencia.
Hay quien busca una reconciliación fácil —«barata», dirían algunos—, de perdón y olvido, en el sentido de que aquí no pasó nada y perdonamos a todo el mundo. Y yo creo que necesitamos una reconciliación con memoria, con verdad, con justicia, con reparación. Y ahí hay un reto muy grande. Somos Iglesia, y tenemos que aportar en esta dirección, pero al mismo tiempo teniendo muy claro que nos tenemos que poner de parte de las víctimas.
Como creyentes, creemos en una víctima, en alguien que fue torturado y asesinado. Ahí está el centro de nuestra fe. (…) Pero hay mucha resistencia. Hay sectores que no están interesados en reconciliarse. Creo que hoy es más necesario que nunca encontrar la reconciliación.

—¿Está el actual Gobierno por la labor?
—Si le soy honesto, yo no estoy muy convencido de ello. Aunque el presidente Duque ha dicho que no está contra la paz, no ha favorecido la dinámica que se había iniciado. No ha hecho una apuesta muy decidida para reconstruir.

—¿Se están implementando los acuerdos de paz firmados con las FARC?
—Ha habido algunos avances, pero no como se esperaría y demandaría una real implementación de los acuerdos. Uno de los temas más preocupantes ahora es la muerte de guerrilleros desmovilizados: son ya más de 200 los que han sido asesinados.

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