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El Comité de Bioética rechaza considerar la eutanasia como un derecho

Esta mañana se ha sabido que el Comité de Bioética de España, órgano asesor del Gobierno sobre las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud, ha emitido un informe rechazando por unanimidad considerar la eutanasia, cuya ley se está tramitando en el Congreso de los Diputados, como un “derecho subjetivo” y, por tanto, incluirla como una prestación pública más. Así lo ha señalado en el Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación, firmado el 30 de septiembre por los 12 miembros del organismo. El objetivo del trabajo es ofrecer una “reflexión” sobre un tema “tan complejo” como el debate de la eutanasia. La covid ha evidenciado, a juicio de los miembros del Comité de Bioética, la necesidad y la “urgencia” de implementar una “verdadera sociedad del cuidado” que se haga cargo de la “vulnerabilidad” de la condición humana y de la importancia de incorporar a las personas mayores en la agenda política desde “otra reivindicación mucho más humana”. “Responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional”, argumenta el organismo.

El Comité ha defendido la publicación del informe. Considera que sería “extraño” que, desde una perspectiva “estrictamente ético legal”, pudiera aprobarse en los próximos meses una norma legal que pretenda no solo despenalizar la eutanasia sino, también, reconocer un “verdadero derecho a morir” que revista la condición de prestación con cargo al sistema público de salud.

A lo largo de las 74 páginas, el Comité de Bioética avisa de que legalizar la eutanasia supone iniciar un “camino devastador” de la protección a la vida humana, cuyas fronteras son “harto difíciles de prever”. Además, considera que este acto no es un signo de progreso, sino que es un “retroceso de la civilización”. El órgano asesor del Gobierno asegura que la legalización de la muerte asistida agregaría “un nuevo conjunto de problemas”. Además, recuerda que la eutanasia ya está recogida en el Código Penal, aunque en España el ingreso en prisión por actos eutanásicos “sea algo no solo insólito, sino desconocido en las últimas décadas”, y que el derecho a la vida está regulado en el artículo 15 de la Constitución.

Por todo ello, el Comité propone que se protocolice el acceso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario, es decir, los casos para los que ya no existe ningún tratamiento. Prioriza también la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario. “Todo esto, además, cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna”, zanjan en el informe.

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