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El arzobispo de Cali acusa al presidente Duque de «venganza genocida» y la nunciatura y la Conferencia Episcopal se desmarcan de su «posición personal»

Tormenta eclesial en Colombia a raíz de unas declaraciones del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, en las que acusa al gobierno del presidente Iván Duque de ejercer una «venganza genocida» contra los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz. En el marco de la quinta asamblea de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, una instancia que busca salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el prelado expresó su «gran frustración» y «enorme incertidumbre» por la marcha de los procesos de paz con las FARC y el ELN. Y acto seguido, según ha publicado la prensa nacional, afirmó: «Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno Santos que vislumbró estos procesos, un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenían o tienen influencia las organizaciones subversivas».

El arzobispo se refiere a los más de 200 guerrilleros desmovilizados —y decenas de líderes sociales— que han sido asesinados tras la firma de la paz. Ante este goteo silencioso de muertes y la falta de avances en la implementación del proceso firmado por el presidente Santos en 2016, unos 2.500 excombatientes de las FARC han vuelto ya a las armas.

La Conferencia Episcopal: Una «posición personal»

Ante el revuelo generado, la Conferencia Episcopal (CEB) y la Nunciatura Apostólica emitieron el 7 de julio sendos comunicados en los que se desmarcan de lo que la primera de ellas tilda de «posición personal» del prelado.

La nota de la CEB, firmada por el director del Departamento de Comunicación Social, Padre Jaime Alberto Marenco Martínez, señala que lo dicho por monseñor Monsalve «no refleja el punto de vista oficial del episcopado», y que el término genocidio tiene una connotación precisa en el Derecho Internacional que no puede aplicarse a las acciones de las autoridades colombianas. Reconoce, eso sí, que «múltiples causas, con distinto origen y diversos intereses» siguen «obstaculizando los procesos de paz y multiplicando los atentados contra la vida humana». La Iglesia en Colombia, se recuerda también, siempre ha trabajado por la paz y la reconciliación y en defensa de la vida y la dignidad de toda persona humana.

La nota de la nunciatura, por su parte, insiste en que el término genocidio no puede ser «usado a la ligera en los legítimos debates o discusiones públicas sobre las políticas concretas de un determinado Gobierno». Y se desmarca igualmente de la opinión sobre la marcha de los procesos. «(…) La Nunciatura Apostólica en Colombia se precia de aclarar a la opinión pública colombiana que dicha calificación de la gestión gubernamental no corresponde a la visión que la Santa Sede tiene de la compleja situación en que versan, en este momento, tanto la aplicación integral de los Acuerdos de Paz del 2016, como el estado de los contactos y conversaciones que a diversos niveles se mantienen con el ELN, en el ámbito de la Comunidad Internacional».

Sin interlocutores con el ELN

Monseñor Monsalve también aludió en sus declaraciones a la ruptura de las conversaciones con esta guerrilla. «No tenemos ya interlocución con la delegación de La Habana y tampoco en los territorios», se lamentó. «Es cada vez más lejana la interlocución con el Comando Central del ELN, cada vez más difícil identificar a los interlocutores, desde Antonio García hasta Pablo Beltrán, pasando por los distintos actores y jefes militares del ELN».

Este grupo armado, que contaría con unos 3.000 o 3.500 combatientes, acaba de proponer al gobierno de Duque la declaración de un alto el fuego bilateral de tres meses, en atención a la petición de cese de combates realizada por la ONU y el Papa Francisco por la pandemia de COVID-19.

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