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#EditorialEcclesia: Una Ley de Educación marcada por las prisas y la falta de diálogo

El martes 4 de marzo el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros el proyecto de la nueva Ley de Educación (LOMLOE: Ley Orgánica de Modificación de la LOE). Decía la ministra Isabel Celaá, que «busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia, la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos y la equidad; nadie puede quedar atrás».
El 27 de abril, en medio de la pandemia del coronavirus, cuando la población entera está confinada y un tanto anestesiada, el Gobierno ha seguido adelante con la tramitación de la Ley Celaá. Aunque se han suspendido los planes administrativos y procesales, abiertos están los parlamentarios. Por eso, el plazo de enmiendas terminó el 24 de abril con la denuncia de la Plataforma «Concertados», porque «la prisa del Gobierno parece obedecer a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por sus socios», limitando así la libertad de enseñanza. Esta obsesión por aprobar cuanto antes una ley sin consenso no encaja con la propuesta de diálogo planteada por el presidente del Gobierno para reeditar los Pactos de La Moncloa. Así, la Iglesia no se cansará de pedir un Pacto Educativo y de denunciar todo aquello que no pase por el diálogo y el consenso, porque no hay que temer a la libertad de enseñanza.
Este momento actual, tan crítico y excepcional, es el menos adecuado para tramitar una ley educativa. La sociedad, confinada desde hace semanas, está en tiempo de reflexión sobre esta «nueva normalidad» que tanto quiere impulsar el Gobierno actual. Pero una vez más parece que la hoja de ruta del presidente quiere arrinconar el diálogo, y concretamente con la concertada, «como si fuera una red residual y sin importancia». La Plataforma «Concertados» califica esta prisa gubernamental de «signo de déficit democrático» porque se sustrae «a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley». No es ni el momento ni son las formas, por eso, Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA y COFAPA piden que se paralice esta tramitación hasta que se levante el estado de alarma. Si no fuera así, estas organizaciones romperían el diálogo y la colaboración al entender esta decisión como «un ejercicio de autoritarismo sin precedentes».
No es el momento, no lo es. Lo dicen los datos oficiales de 24.000 muertos y más de 200.000 personas contagiadas (aunque la Fundación de Estudios de Economía Aplicada estima que los fallecidos podrían ser más de 34.000 y los infectados 1,2 millones). Estas cifras, con nombres y apellidos, se unen a una crisis económica y social que marcará durante años esta «nueva normalidad». Es un error pasar página, continuar como si nada hubiera ocurrido, porque además de ser falso y herir a millones de personas, es una huida hacia adelante. Pero concretamente, la educación en este momento es clave si se tiene en cuenta la realidad de millones de hogares españoles. Por eso, es necesaria una reforma consensuada, sin prisas, centrada en los problemas reales de la sociedad. En definitiva, una ley educativa de todos y para todos, en la que nadie puede quedar atrás.

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