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#EditorialECCLESIA: Ante los migrantes, poner a la persona en el centro

Los migrantes son uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Especialmente ahora, en tiempos de pandemia, sus dificultades dejan sobre la mesa situaciones tremendas que evidencian una falta de dignidad humana. Sí, en nuestro país. En España. La crisis del COVID-19 demuestra que muchos trabajadores migrantes no tienen derechos ni protección, concretamente, los temporeros, las trabajadoras domésticas, migrantes e indocumentados carecen de protección socioeconómica y derechos legales. Ante el miedo a ser arrestados y repatriados, permanecen ocultos, en asentamientos provisionales en condiciones de falta de higiene y salud, y sin medios para alimentar a sus familias.
Esta realidad oculta ha llevado a que más de 200 organizaciones, muchas de ellas católicas, y cerca de 40.000 personas reclamasen al Gobierno español la regulación urgente de migrantes. Ante esto, el Ejecutivo acaba de aprobar medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo. Se trata, sobre todo, de una prórroga de seis meses de las autorizaciones y tarjetas de residencia que han caducado en estas semanas. Además, se concede una autorización de residencia y de trabajo de dos años a los jóvenes migrantes de entre 18 y 21 años que se incorporen de manera extraordinaria a las labores agrícolas.
La Iglesia celebra estas medidas porque son necesarias y urgentes para quienes estaban condenados a la irregularidad por la crisis del coronavirus. Pero la prórroga de autorizaciones podría simplemente aplazar la misma situación irregular. Por eso, es necesario más medidas «enfocadas en la prevención de la irregularidad administrativa», que fomenten «la regularización de perfiles vulnerables o con una relación laboral informal», y que eviten «la falta de derechos humanos de las personas migrantes».
Porque ante la falta de mano de obra en el campo español durante el estado de alarma, nuestro país recurre a hombres y mujeres que corriendo el riesgo del contagio, trabajan donde nadie quiere y en unas condiciones que nadie desea. Ellos, trabajadores migrantes, también tendrían que recibir nuestro aplauso diario desde las ventanas de nuestras ciudades. Porque recogen frutas y verduras, empaquetan y procesan alimentos que llegan a nuestras casas.
Por eso, la Iglesia seguirá denunciando con el Evangelio en la mano el flagelo del «caporalato» (acción con la que el «capo» capta ilegalmente mano de obra y trabajo agrícola a bajo coste). Trabajar de sol a sol por 3,5 euros y bajo un mar de plástico a 45 grados es vivir en la miseria. Mientras nuestros gobernantes piden constantemente a los ciudadanos que se laven las manos, los migrantes no tienen ni agua ni luz, están explotados laboral y sexualmente y no pueden acceder a los servicios sanitarios.
Repetidamente el Papa muestra su profunda compasión por todos los desplazados y pide encarecidamente acoger, proteger, promover e integrar a migrantes, refugiados y víctimas de la Trata. Es necesario un enfoque integral que sitúe a la persona humana en el centro, con pleno respeto de su dignidad y sus derechos.
Durante demasiado tiempo se han ignorado las condiciones laborales y personales de los trabajadores migrantes. Ahora, cuando falta mano de obra, recurrimos simplemente a una prórroga. ¿Hasta cuándo seguiremos considerando a los migrantes como una clase social descartada que «se usa» o «se rechaza» según convenga?

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