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Diez imputados, entre ellos el cardenal Becciu, por el caso de la operación inmobiliaria del Vaticano en Londres

El Tribunal Vaticano ha citado a juicio a diez personas por el caso de las inversiones financieras de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en Londres. Entre ellas figura el cardenal Angelo Becciu, exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y exsustituto de la Secretaría de Estado, contra el que se procede «por los delitos de malversación y abuso de funciones, también en complicidad, así como de subvención». Así lo ha anunciado hoy sábado, 3 de julio, la presidencia del Tribunal Vaticano en una nota de la que informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La vista comenzará el día 27 de este mismo mes.

Las pesquisas comenzaron en julio de 2019 por denuncia del Instituto para las Obras de Religión (IOR) y de la Intervención General. «Las investigaciones, llevadas a cabo también con comisiones rogatorias en varios otros países extranjeros (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza), han sacado a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado cuantiosas pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo recurrido también a los recursos destinados a la obra de caridad personal del Santo Padre», dice el comunicado vaticano.

El grueso de esas pérdidas están relacionadas con la compra-venta de un edificio de lujo en la avenida Sloane de Londres, una operación fracasada en la que se utilizó dinero del Óbolo de San Pedro.

Los procesados son miembros del personal eclesiástico y laico de la Secretaría de Estado, altos cargos de la entonces Autoridad de Inteligencia Financiera, y financieros internacionales. Estos son sus nombres y los delitos que se les atribuyen:

René Brülhart, a quien la fiscalía imputa el delito de abuso de funciones;

Monseñor Mauro Carlino, acusado de extorsión y abuso de poder;

Enrico Crasso, acusado de los delitos de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, fraude, abuso de funciones, falsificación de un acto público por un particular y falsificación en un contrato privado;

Tommaso Di Ruzza, acusado de malversación de fondos, abuso de funciones y violación del secreto oficial;

Cecilia Marogna, acusada de malversación de fondos;

Raffaele Mincione, acusado de malversación, fraude, abuso de funciones, malversación y autoblanqueo;

Nicola Squillace, acusado de fraude, malversación, blanqueo de capitales y autoblanqueo;

Fabrizio Tirabassi, acusado de soborno, extorsión, malversación, fraude y abuso de poder;

Gianluigi Torzi, acusado de extorsión, malversación, fraude, desvío de fondos, blanqueo de dinero y autoblanqueo;

y en relación con las empresas:

HP Finance LLC, vinculada a Enrico Crasso, al que la fiscalía imputa el delito de estafa;

Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., atribuible a Cecilia Marogna, acusada de malversación de fondos;

Prestige Family Office SA, atribuible a Enrico Craso, que está acusado de fraude;

Sogenel Capital Investment, que se remonta a Enrico Crasso, al que la acusación imputa el delito de estafa.

Algunos de los delitos se impugnan «en complicidad». En esta situación estaría supuestamente el cardenal Becciu.

El Papa Francisco destituyó al purpurado sardo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos el 24 de septiembre de 2020. También le privó de los derechos inherentes al cardenalato. El Jueves Santo de este año, sin embargo, el Santo Padre acudió a celebrar la Eucaristía a la capilla de su residencia. La Santa Sede no hizo ninguna valoración de esa visita por tratarse de «un compromiso privado» del Pontífice.

Becciu se desempeñó como Sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018. Siempre ha rechazado las acusaciones y en noviembre pasado anunció que se iba a querellar por difamación contra el semanario italiano L´Espresso. Además de su posible implicación en la operación inmobiliaria de Londres, se le acusa de beneficiar a la empresa de su hermano.



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