Firmas

Desahucios: ¿Soluciones o parches?, por Joan Uribe Vilarrodona, director de San Juan de Dios en la provincia de Aragón-San Rafael

Desilusionante. A la espera de conocer el texto completo que se apruebe en relación a los desahucios, es difícil decir menos que eso. Hay cuestiones de letra pequeña que, como en los contratos hipotecarios, marcan la diferencia. Conceptos como suspensión, moratoria, carencia y que están apareciendo en los medios de comunicación, deberían ser bien conocidos para la mayoría de la sociedad: suspender, es dejar de ejecutar una acción, pero de manera temporal, algo así como atrasar, manteniendo condiciones y la consiguiente incerteza inmovilizante sobre las personas afectadas.Moratoria y carencia, tendrían como sinónimo común, la palabra aplazar. Y aplazar, en este caso, no supone sólo dejar para más adelante la posibilidad del desahucio; también implica que durante ese tiempo, y mientras la letra pequeña no diga lo contrario, la deuda y los intereses generados siguen aumentando, con lo que, pasados los dos años, la situación de la persona afectada es de más difícil resolución, y la espada de Damocles, más afilada y lacerante.

Después, está el eterno olvido: ¿Hay que elegir entre salvar del desahucio a familias numerosas, personas mayores y personas discapacitadas, o salvar a personas solas y familias no numerosas? El problema es de calado y gravedad como para intervenir sobre todo el que lo necesite, sin excluir. Resulta pues difícil aceptar estos menos-que-mínimos, así como la aparente dificultad para consensuar una línea de acción: las tragedias personales, se pagan, algunas, con costo de vidas. Y la mayoría con billete sólo de ida a la exclusión social hereditaria de por vida. Por otra parte, existen suficientes elementos que deberían hacer esta tarea más fácil: el evidente clamor y acción social de resistencia ante los desahucios es uno de ellos. También, en los últimos tiempos se han movilizado suficientes agentes sociales como para que nuestra clase política pudiese abordar esta cuestión con más presteza y capacidad de dar respuestas reales al problema, no sólo durmiéndolo en el cajón del tiempo. Me refiero al trabajo de incidencia de sindicatos y entidades sociales; a la movilización, acción contra los desalojos, incidencia y aportación de conocimiento sobre alternativas para abordar el problema de diversas Plataformas; a la activación por parte de numerosas administraciones locales de servicios de apoyo; incluso al valiente posicionamiento de sectores policiales que se comprometen con la sociedad de la que forman parte al plantear la objeción de conciencia a su intervención a los desalojos.

Y finalmente, la Judicatura. Más allá de manifestar su desacuerdo con los desahucios, miembros de la Magistratura, especialistas en Derecho Civil y en otras especialidades del Derecho, llevan años elaborando y publicando estudios y informes que abundan tanto en la injusticia del sistema actual, como en aportar vías de gestión de la situación. Parece, pues, que hay suficientes elementos como para que la modificación legal pueda ser, con una intención declarada y motivada, completa y rápida.

Ante esto, no puedo dejar de preguntarme qué le pesa más en la balanza a la clase política: ¿evitar que la población en exclusión social, que ya crece sin parar por otros motivos, no crezca, al menos, por ser víctimas del desahucio?, o ¿realizar una maniobra de menos-que-mínimos, sin consenso, ante la inminencia de la probable inminente entrega de más de 500.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para revisar la actual Ley? En definitiva, de lo que hablamos, es de saber si el Poder Político electo intenta, al menos en este tema, tomar las riendas al Poder Económico, o si el Poder Económico sigue gobernando políticamente en lo económico -¿y que no es económico?-, por encima del Poder del Pueblo.

 

Joan Uribe Vilarrodona

Director Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona

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