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Colombia: Los obispos claman contra los asesinatos de líderes sociales

El pasado 28 de diciembre, varios hombres armados llegaron a la casa de Fabio Monteno Enríquez en Leiva, un municipio del departamento colombiano de Nariño de unos 15.000 habitantes. Iban a matarle. Fabio, campesino, sindicalista y defensor de los derechos humanos en esa comunidad, no estaba en ese momento en su domicilio, así que pudo salvar la vida. Pero los sicarios tenían orden de derramar sangre para transmitir un mensaje. Y la derramaron: asesinaron a su madre y a su abuelo. En lo sucesivo, Montero y el resto de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, ambientalistas, abogados y demás fuerzas vivas de la región, sabrían a qué atenerse. Allí la ley la dictaban ellos.

Fabio Montero no murió ese día. Pero hasta el 17 de enero habían sido asesinados en Colombia otros 17 líderes sociales como él. Sí, solo en 2020. Uno por día. Y “esta ola de violencia y muerte sin sentido” es la que acaba de denunciar la Conferencia Episcopal en una declaración en la que expresa su “inmenso dolor y preocupación” por esos crímenes, al tiempo que transmite su “solidaridad” a los supervivientes, familiares y amigos de las víctimas.

Los obispos recuerdan en ella que la vida es sagrada, y ponen en valor el esfuerzo y la aportación a la construcción de una sociedad más justa que llevan a cabo estas personas, para las que piden protección. “Hacemos un llamado a las autoridades municipales y regionales que recientemente han tomado posesión de sus cargos, para que incluyan en sus acciones de gobierno la protección de las comunidades y de sus líderes. Insistimos en la necesidad de poner en marcha una política pública nacional para enfrentar esta amenaza, que incluya acciones de protección, de respuesta oportuna a las alertas y de presencia eficaz de las instituciones del Estado en las comunidades más vulnerables”, piden.

La declaración lleva fecha del día 15 y está firmada por los arzobispos Óscar Urbina y Ricardo Tobón (presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal) y el obispo Elkin Fernando Álvarez (secretario general). Todos ellos hacen hincapié en que la sociedad debe reconocer y exaltar a unas personas que se dedican a servir a sus comunidades sin más interés que el bien común. “Exhortamos a no caer en la indiferencia y en el desconocimiento de las dramáticas situaciones que amenazan nuestra democracia”, reclaman. “La Iglesia católica seguirá acompañando, animando y promoviendo a las comunidades, especialmente a las más distantes y a las más desprotegidas”.

La eliminación sistemática de las personas más destacadas de las comunidades de áreas donde el Estado no tiene una presencia consolidada no es algo nuevo en Colombia, sobre todo tras la firma de la paz con las FARC. Solo en 2019 grupos violentos que pugnan con hacerse con el control del territorio mataron a 250 líderes sociales, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), siendo los departamentos más afectados los de Cauca, Antioquia y Nariño. En 2018 el número fue aún mayor: 282. Aunque Fabio Montero no fuese uno de ellos, en diciembre último hubo en Colombia 23 líderes que no pudieron escapar a las balas.

Desde que se firmara el acuerdo de paz con las FARC han sido asesinados también al menos 140 excombatientes de este grupo guerrillero.

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