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Colombia: Jornada de oración por la paz y la reconciliación
Frailes dominicos en una manifestación en Bogotá el 4 de mayo / EFE
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Colombia: Jornada de oración por la paz y la reconciliación

Hoy viernes, 7 de mayo, los católicos están llamados a rezar en todas las iglesias de Colombia por la paz en el país. La nación vive desde hace más de una semana momentos muy difíciles, con protestas y manifestaciones diarias contra el Gobierno del presidente Iván Duque que están siendo brutalmente reprimidas con fuego real por las fuerzas del orden. Desde el 28 de abril y hasta al 4 de mayo se habían producido al menos 31 homicidios por disparos de la policía. La ONG Temblores ha constatado además 89 desaparecidos, 814 detenciones arbitrarias de manifestantes, y diez casos de violencia sexual. (En las redes sociales abundan los videos de policías disparando a los descontentos). También ha muerto un agente. La Fundación para la Libertad de Prensa ha denunciado 33 agresiones a periodistas en el desempeño de su trabajo, entre ellas detenciones ilegales y eliminación de material.

El 1 de mayo, Duque sacó el ejército a la calle para ayudar a controlar la situación, una medida que ha sido criticada hasta por los propios militares. «Nuestro rechazo se fundamenta en que (…) conocemos las capacidades y debilidades de nuestra Fuerza Pública y sabemos de antemano que nuestros soldados están entrenados y armados para el combate rural antisubversivo y no para contener la protesta social, lo cual puede ser determinante en la violación de los derechos humanos», dijo el día 3 «Veteranos por Colombia». Esta organización de militares en la reserva responsabiliza al ministro de Defensa, Diego Andrés Molano, de los desmanes y las violaciones de los derechos humanos que los uniformados puedan cometer, al tiempo que recuerda a los soldados que el principio de obediencia debida no les exonera de su responsabilidad ante los tribunales y que deben rechazar una orden cuando esta sea contraria a los derechos humanos. «Hacemos un llamado a todo el pueblo colombiano [para] que no vea a nuestros policías y militares como enemigos, ellos son el pueblo. Pídanle a cada policía o militar que se ponga del lado del pueblo y se sume a una justa causa», afirma.

En declaraciones a la prensa, el responsable de Human Right Watch en América ha dicho que el despliegue de las fuerzas armadas para hacer frente a las protestas sociales es «una gran irresponsabilidad». «Es jugar con fuego», advierte.

El ministro Molano, por su parte, ha justificado el despliegue del ejército en las calles por la presencia entre los manifestantes de efectivos de las FARC y el ELN. El expresidente Álvaro Uribe ha calificado de «injustas» las críticas a la policía. Sus «excesos», sin embargo, ya han sido condenados por la Organización de Estados Americanos, que insta a investigar cada uno de los asesinatos y desapariciones.

Reforma tributaria

El origen del descontento social está en una ley de reforma tributaria que ya ha sido retirada por el gobierno. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, y Juan Alberto Londoño, su viceministro, responsables de la misma, presentaron su dimisión el día 3, sin que ello haya conseguido frenar las protestas hasta ahora, cuya epicentro se localiza en la ciudad de Cali.

El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible que el gobierno de Duque presentó el 15 de abril pretendía ampliar la base tributaria de todos aquellos colombianos que ganasen más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 550 euros) en 2022, y por encima de 1,7 millones de pesos (383 euros) en 2023. Un duro golpe para las economías más modestas, dado que el salario mínimo está establecido en 204 euros mensuales y que actualmente solo tienen obligación de pagar al fisco aquellas personas cuyas ganancias excedan de 833 euros.

La norma contemplaba también una subida de las tarifas de la luz, agua, alcantarillado y gas. Más presión, por tanto, para una población que ha visto como a lo largo de 2020 se derrumbaban sus ingresos a causa de la pandemia y que ahora trata de llegar a fin de mes como puede. La covid-19 ha hecho que en el último año la pobreza haya aumentado en un 42,6%, y que el desempleo alcance ya el 20%.

Protesta el 6 de mayo en Bogotá contra la violencia policial / EFE

Los obispos: «La violencia no soluciona nada»

«La protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida», afirma la presidencia de la Conferencia Episcopal Colombiana en un mensaje el 4 de mayo. Acto seguido, sin embargo, recuerda que las marchas deben ser pacíficas porque la violencia, además de no solucionar nada, «deslegitima y hace cuestionable cualquier protesta social».

«Rechazamos decididamente, sea cual fuere su procedencia, las violaciones a los derechos humanos, los actos de violencia vandálica, los bloqueos a la movilidad y al abastecimiento de alimentos, la desaparición de personas, los atentados contra la integridad física de cualquier persona, los destrozos causados a los bienes públicos y privados», dice el episcopado en el punto dos de su declaración, en la que se hace también un llamamiento urgente a detener «la espiral de violencia y el círculo de muerte que se están impulsando».

Los obispos llaman a abrir urgentemente canales para el diálogo social. E invitan a rezar en la jornada de oración de hoy por la paz y la reconciliación en el país.

Solidaridad del CELAM

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) manifestó ayer su apoyo, solidaridad y cercanía al episcopado colombiano ante «la crítica situación» que vive el país. Su declaración condena también la violencia, «venga de donde venga». Se reconoce no obstante que la mayor parte de quienes protestan no han recurrido a ella.

El organismo eclesial se suma a la Jornada de oración de hoy y agradece a los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos sus «múltiples esfuerzos» para garantizar la cultura del cuidado, el respeto a la vida y la apertura de corredores humanitarios que permitan el acceso a los bienes esenciales.



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