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Cáritas y Pueblos Unidos piden garantizar los derechos de los migrantes menores
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Cáritas y Pueblos Unidos piden garantizar los derechos de los migrantes menores

Más de veinte entidades sociales de nuestro país de diversa índole, entre las que se encuentran Cáritas y Pueblos Unidos —desde su servicio de atención al migrante—, piden modificar el Reglamento de Extranjería para garantizar los derechos de los menores que llegan a nuestro país en situación irregular. Según informan desde Cáritas, estas propuestas tienen como único fin facilitar a todos los niños y niñas su transición a la vida adulta con un mínimo de garantías.

La propuesta de modificación que plantean los profesionales y entidades expertas tiene como objetivo garantizar la plena y efectiva integración en la sociedad española de estos menores, de acuerdo con la legislación nacional e internacional, y basándose en los criterios de la protección a la infancia presentes en la declaración de los Derechos Humanos.

El documento presentado se centra en los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a España y que han estado bajo la guarda y/o tutela de las entidades públicas de protección de las ciudades y comunidades autónomas.

Además, se incluyen varias disposiciones transitorias para la aplicación retroactiva del Reglamento, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de exclusión social.

La modificación reglamentaria que se propone, descritas al detalle en el siguiente enlace, pretende asegurar que todos aquellos que se encuentren en esta coyuntura sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia, cuya obtención será considerada una mera formalización de la misma. Del mismo modo se pretende que estos jóvenes cuenten automáticamente con autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años. Otro de los 8 puntos marcados en la propuesta que llaman la atención es que únicamente sean considerados indocumentados aquellos menores de edad que no dispongan de pasaporte o documento que acredite su edad e identidad. Y, en caso de no poder ser documentados a través de sus países de origen, serán documentados con cédula de inscripción tramitada de oficio.

 

Reducir la burocracia para atender a los más vulnerables

Estas propuestas pretenden resolver las deficiencias, a juicio de las entidades firmantes,  del actual Reglamento, que no sólo no cumple con los compromisos internacionales suscritos por España, entre otras, respecto a la Convención de los Derechos del Niño, sino que tampoco da cumplimiento efectivo, según el comunicado de Cáritas, del art. 35.7 de la Ley de Extranjería, al no considerar de manera primordial el interés superior del menor.

El Reglamento actual multiplica trámites administrativos, diluye responsabilidades entre las distintas administraciones y no proporciona respuestas ágiles y eficaces a las necesidades reales de los niños y niñas que viven esta situación.



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