«Es preciso y urgente» emprender una «decidida acción coordinada por parte de las administraciones implicadas» tanto para «dar solución a la emergencia de la falta de luz en contexto de un invierno sin precedentes». Así ha expresado Cáritas Madrid su petición de auxilio sobre la situación de emergencia en la Cañada Real Galiana. Y lo ha hecho presentando una propuesta de proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados, sobre todo, para que se proceda a salvaguardar «la dignificación de la vida de las personas asentadas mediante la aceleración del Plan Regional».
Para ello, instan a impulsar una «colaboración efectiva» de las administraciones territoriales competentes (Administración General del Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), firmantes del mencionado Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, para que, acelerando los plazos previstos, se cumplan sus objetivos. El texto fue entregado en el Registro de las Cortes Generales el 25 de enero de 2021, para su tramitación y aprobación, idealmente de forma conjunta y unánime por todos los Grupos Parlamentarios.
La Iglesia está presente en la Cañada Real Galiana a través de la parroquia Santo Domingo de la Calzada y de Cáritas Diocesana de Madrid, con sede física en el sector VI de la Cañada.
Objetivos del Plan regional
Por tanto, Cáritas Diocesana propone que los grupos parlamentarios presenten dicha proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. De esta manera, Cáritas diocesana de Madrid recuerda los objetivos recogidos en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado por la Administración General del Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid, y por los Grupos Políticos con representación en la Asamblea de Madrid el 17 de mayo de 2017, en la Real Casa de Correos.
Los objetivos, recurda la entidad, pasan por restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas. También por la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y/o parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.
Además, elaborar una dotación presupuestaria y puesta en marcha, con plazos razonables pero rápidos, de una estrategia para el realojo de la población que ya sea por razones territoriales, ambientales, de seguridad o de salubridad no puedan continuar en sus viviendas o infraviviendas y adoptar medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida bajo el enfoque de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) y siguiendo las premisas establecidas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible «Habitat III», enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 – Nueva Agenda Urbana (2016).
Por último, piden diseñar de forma coordinada con las administraciones competentes, un mecanismo eficaz y periódico de rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre los progresos alcanzados en la consecución de los citados objetivos del Pacto.
