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1.000 hogares atendidos por Cáritas Asturias están formados por migrantes

En la última memoria de actividad de Cáritas Asturias, al señalar las características de las familias atendidas por la institución, aparecía reflejado el dato de que más de 1.000 hogares estaban formados por personas migrantes, y en su mayoría procedentes de países como Venezuela o Colombia.

Tal y como recogen desde el arzobispado de Oviedo, muchos de ellos son solicitantes de protección internacional. El perfil de solicitante ha cambiado. Ahora es habitual ver a personas altamente cualificadas y con trayectorias profesionales en sus países de origen que, sin embargo, al llegar a España, están teniendo enormes dificultades para salir adelante.

«Fue a partir de la mal llamada Crisis de los Refugiados, en el año 2015, cuando empezamos a oír más fuertemente que estas personas estaban aquí», explica Bárbara Fernández Bango para la Iglesia asturiana. Fernández Bango es trabajadora social de Cáritas y responsable de inmigración y refugio. «A partir del año 2018, sin embargo, ya observamos que la población latina, principalmente procedente de Venezuela y Colombia, empezaban a llegar en gran número, que estaban en nuestros barrios y que además necesitaban de la ayuda de Cáritas».

El itinerario para asentarse en nuestro país suele seguir el siguiente patrón: primero llega e padre o la madre y poco a poco, van abriendo camino. Aunque el problema que más pronto que tarde se encuentran todos los que llegan hasta nuestra fronteras es el mismo: el sistema administrativo.  «Cuando una persona solicitante de asilo llega y acude a poner en marcha este trámite, lo primero que se encuentra es la burocracia y el tiempo de espera. La ley de asilo estipula unos plazos muy concretos para este trámite, pero la realidad demuestra que no es así. Desde el momento en que la persona dice que quiere ser solicitante de protección internacional, hasta que le conceden el estatuto de refugiado de protección subsidiaria, el que consideren, deberían pasar de 6 a 8 meses. Y lo cierto es que desde que una persona acude a solicitar protección internacional, hasta que le hacen la primera entrevista, puede pasar un año», afirma Fernández Bango. Esto supone que se encuentran en un limbo legal, en el cual «están autorizados a residir», es decir, que no puede pararles la policía o expulsarles del país, pero «no tienen autorización para trabajar», explica la responsable de Inmigración y Refugio de Cáritas Asturias. «Aquellos que pueden venir con unos ahorros, tiran de eso, y también del apoyo familiar. Si no, terminan llegando a Cáritas», reconoce.

Una situación agravada por la pandemia

A pesar de que en Asturias la población migrante y solicitante de asilo es mucho menor que en las grandes ciudades españolas, las dificultades son las mismas. Y las soluciones pasan principalmente por mejorar el acceso al empadronamiento, que es “la puerta de entrada a la garantía de derechos básicos –como que te puedan asignar un médico de cabecera, que puedas escolarizar a tus hijos o que seas un vecino más para el municipio en el que vives–“ explica Bárbara Fernández, que añade, además, que “en el caso de que les denieguen el estatuto de refugiado, estas personas se queden en una situación administrativa irregular, la siguiente vía para poder regularizar su situación sería el arraigo social, algo para lo que necesitan tres años de residencia en España. Lo único que puede probar eso es el empadronamiento”.

La pandemia, el confinamiento y los meses siguientes, tan sólo empeoraron la situación. “Para muchos de ellos ha supuesto prolongar mucho más su proceso, lo cual es angustioso –revela Bárbara Fernández Bango–. Gente que estaba a punto de tener la autorización para poder trabajar, vio que se paralizaba. Primero, porque el país entero se paralizó, y por tanto, su expediente también lo hacía. Eso creó mucha frustración y angustia porque la gente veía que su proceso migratorio no avanzaba”. “Muchos también se vieron abocados a solicitar ayudas –reconoce Bárbara–, y es que más allá de la petición de protección internacional, estamos hablando de personas y de necesidades básicas. Hay que poner por encima a la persona”.

En este sentido trabaja la Iglesia desde hace tiempo en la plataforma “Migrantes con derechos”, formada por varias entidades entre las que se encuentran CáritasJusticia y Paz o la Subcomisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Todas ellas se unieron para tener una sola voz de Iglesia en cuanto a la población migrante y refugiada. Desde hace unos meses, esta red se ha implantado también en nuestra diócesis. A partir de la responsable del Secretariado de Pastoral de Migraciones, la religiosa claretiana Mª Luisa García González, junto con los responsables de Cáritas en el ámbito de la inmigración, sacerdotes y voluntarios, con el objetivo “formarse y analizar qué necesita la Iglesia en Asturias en cuanto a la población migrante, no sólo la ayuda económica o las necesidades básicas, que para eso ya está Cáritas”, explica Bárbara Fernández Bango.

 

 

 

 

 



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