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Cáritas apuesta por la inserción y pide compromiso a las instituciones para garantizar «el trabajo decente»

En la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Cáritas «ha alzado la voz» para «reclamar un nuevo modelo productivo que, en pleno impacto social de la pandemia, garantice empleo digno y accesible». Un llamamiento al que se ha unido las entidades de inspiración cristiana que impulsan en España la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente que apuestan por «movilizar en nuestros barrios, ante las organizaciones sindicales y en las instituciones de gobierno» un modelo económico «que ponga a la persona en el centro».

La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, ha recordado en la rueda de prensa virtual este miércoles 7 de octubre, que «no debemos olvidar que la falta de un desarrollo humano integral no permite general paz». Por eso, ha alertado que se debe promover «la oportunidad de acceder  a un empleo productivo, junto a unas mejores perspectivas de desarrollo personal» que no encuentras actualmente espacio «en un escenario laboral inestable y precario». Por eso, ha advertido, «es urgente un cambio de paradigma planteado desde las personas y no solamente desde el punto de vista económico». Además, ha aludido a las palabras del Papa Francisco en la encíclica publicada este domingo 4 de octubre, en la que destaca que «el mercado solo no lo resuelve todo». Por lo tanto, empresas y consumidores estamos llamados a «distribuir de una manera más justa y digna el empleo, generar valor social y premiar a aquellos que cumplan con el trabajo decente». Peiro ha asegurado que «es posible una economía centrada en las personas. El beneficio no es el único fin, sino el medio para desarrollar la propia actividad».

Traducido a términos económicos, la inversión total destinada por las 70 Cáritas Diocesanas de toda España a sus recursos y proyectos de empleo y economía social en 2019 fue de 45.857.329 euros. De estos, 31.219.095 euros se invirtieron en los programas de empleo, 482.596 euros en actividades de comercio justo y 14.155.638 euros se destinaron a las iniciativas de economía social.

 

Temporalidad y trabajo precario

Raúl Flores, coordinador de Estudios y secretario técnico de FOESSA, ha alertado sobre «el aumento de la precariedad y la inseguridad laboral» que ya recogía hace poco más de un año en el VIII Informe FOESSA. «Una parte de los trabajadores se vean privados sistemáticamente del derecho a un trabajo decente». Cerca de cuatro de cada diez trabajadores (34,6%), un amplio porcentaje de población que no se encuentra dentro de la norma social de empleo, «no trabaja las horas que le gustaría ni durante los periodos de tiempo que querría, viendo claramente vulnerado su derecho a un trabajo digno».

Por otro lado, la temporalidad en las contrataciones y la corta duración estas es otra de las realidades que azota a nuestro mercado laboral. «En agosto del presente año, y según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3% del total firmados en ese mes y, de ellos, casi cuatro de cada diez, el 37,8%, tuvieron una duración inferior a siete días».

Una inestabilidad laboral «grave» que según el informe alcanza a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo. «La realidad de ser trabajadores y ser pobres, a pesar de madrugar a diario y dedicar gran parte de su tiempo y energías a cumplir en su empleo, afecta a casi 2,5 millones de trabajadores pobres (13% de los trabajadores), quienes, a pesar de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa».

El empleo de la mujer, aún más inestable

Las cifras del estudio, ha destacado Flores, arrojan los peores datos con relación al trabajo en el ámbito doméstico, «solo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional, lo que indica que buena parte de las trabajadoras, sector altamente feminizado, realizan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener. Por otro lado, el salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres». Unas dificultades que aumentan entre las mujeres de origen extranjero, «que sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente».

El mercado laboral, ha concluido el coordinador de estudios de Cáritas, muestra «una concepción del trabajo que no es capaz de asegurar a un elevado porcentaje de población ocupada el derecho a un trabajo decente y que, como consecuencia, ve vulnerado su derecho a la vivienda y a otras necesidades básicas, sin que los sistemas de protección del Estado de bienestar estén reaccionando con la flexibilidad y la adaptación que la realidad requiere».

Integración social

Francisco Lorenzo, director de Acción Social, también ha señalado que nuestro modelo de sociedad «parece seguir afirmando que el empleo es camino señalado para la integración social, pero vemos que su capacidad protectora es claramente insuficiente». En este contexto, ha afirmado que  Cáritas «sigue reforzando su apuesta por una forma de hacer economía en la que la persona y su dignidad, y las comunidades se encuentran en el centro».

Esta opción por «un modelo inclusivo del empleo» arroja «resultados concretos y positivos año tras año». Así lo confirman los datos del Informe de Economía Solidaria 2019, en el que se muestra que 78.976 personas que han participado en programas de empleo, 15.368 han encontrado trabajo, «siempre en un mercado laboral exigente y tratándose de personas que en algunos casos tienen que superar barreras añadidas». Unas iniciativas, según Lorenzo, «capaces de generar empleo a través de las empresas de inserción, que son iniciativas sin ánimo de lucro donde más de la mitad de los trabajadores son empleos de inserción».

«El dinero mejor invertido es que el que protege los derechos sociales»

Las finanzas éticas son otro ámbito estratégico de la acción de Cáritas en el marco de la economía solidaria. «El apoyo al comercio justo, que se concreta en una red estatal integrada por 33 tiendas y 114 puntos de venta, que el año pasado facturaron casi 582.000 euros. Además, se llevaron a cabo 520 acciones de sensibilización entorno al consumo responsable, el comercio justo y las finanzas éticas».

De esta forma, ha matizado que en Cáritas «preferimos no hablar de gasto, sino de inversión, y no lo hacemos en términos metafóricos o poéticos sino porque para Cáritas, cada recurso invertido supone un beneficio en el medio-largo plazo: un beneficio social en términos de autoestima, reconocimiento de dignidad y acceso a derechos de las personas que acompañamos; y un beneficio económico, ya que si los más de 31 millones de euros han servido para que 15.368 personas encuentren empleo, eso nos da una media de inversión de 2.000 euros por persona».

Por último, ha reclamado la implicación de las administraciones públicas como «garantes de derechos» y ha apelado a las entidades privadas a «dar oportunidades dignas a las personas a las que atendemos y a reforzar un apoyo que nos permitan seguir manteniendo iniciativas que funcionan».

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