«Una respuesta limitada e insuficiente, tanto para las necesidades reales de los trabajadores más vulnerables de un sector ya de por sí precarizado como para paliar la realidad social de las personas que viven en los asentamientos». Así ha calificado Cáritas Española el Real Decreto con el que el Gobierno ha establecido las medidas para el empleo agrario. Lo hace desde el conocimiento cercano, especialmente de las once Cáritas Diocesanas que dan respuesta a las necesidades de más de 3.000 personas. Sobre todo, en asentamientos distribuidos en Almería, Huelva, Murcia, Huesca y Lleida.
Cáritas considera que en esas áreas debería «haberse marcado un mayor alcance temporal de las medidas contempladas y un planteamiento social más ambicioso». En concreto, la organización alerta sobre que muchas personas que viven en asentamientos no podrán trabajar. «Aunque la gran mayoría de las personas migrantes que residen en las zonas agrícolas están empadronadas en sus respectivos municipios, el Real Decreto no contempla la posibilidad de darles la oportunidad de regularizar su situación ni de garantizar sus necesidades», alerta Cáritas. Por eso, considera que «habría sido conveniente tener en cuenta las características de las campañas agrícolas en España», facilitando el desplazamiento territorial de temporreros.
Al tiempo que Cáritas denuncia la insuficiencia de las medidas, también destaca que este marco normativo supondrá la oportunidad «para algunas personas que cumplen los requisitos de dicho decreto» a las que acompaña la organización. Por eso, piden «vocación de continuidad» para las medidas y un «enfoque temporal y social más ambicioso».
Declaración conjunta de entidades sociales de la Unión Europea
En esta misma línea de denuncia de la vulnerabilidad que afecta a los derechos de los trabajadores del sector agroalimentario no solo en España sino en toda la Unión Europea y que se está viendo agravada por la crisis del coronavirus, el pasado 16 de abril se hacía pública una declaración conjunta de Cáritas Europa y un buen número de organizaciones y redes sociales de toda la Unión Europea, en la que apelan a la defensa los derechos de los trabajadores agrícolas, especialmente migrantes, en esta grave crisis socio-sanitaria.
Esta declaración alerta del impacto de la pandemia del coronavirus en el sector agrícola de toda la Unión y la amenaza que ello supone para garantizar el suministro de alimentos. Como señalan las entidades firmantes, a pesar de que «las instituciones de la Unión Europea y los líderes nacionales se han comprometido a garantizar que los suministros de alimentos no se verán afectados, y que ya están implementando una serie de medidas a corto plazo, las restricciones a los viajes dentro de la UE y desde terceros países significa que los trabajadores estacionales no pueden viajar».
Advierten, en ese sentido, que la actual «escasez de mano de obra indica que la agricultura europea depende en gran medida de los trabajadores migrantes, muchos indocumentados, que constituyen una proporción significativa de aquellos que recogen nuestras frutas y verduras, así como también empaquetan y procesan nuestros alimentos. La falta de trabajadores en el campo viene a demostrar, también, que las condiciones laborales en el sector agroalimentario han sido ignoradas durante demasiado tiempo».
«La pandemia –se subraya en la declaración— presenta para la UE la oportunidad de revisar su sistema agrícola y alimentario para que sea más ecológico y sostenible, con cadenas de suministro más justas, con precios adecuados tanto para los agricultores como para los consumidores, y con derechos laborales garantizados para los trabajadores».
