En un contexto electoral, de profunda polarización y espacios de desencuentro, el XXVIII Curso de Doctrina Social de la Iglesia organizado por la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la Fundación Pablo VI trató este año de encontrar caminos para romper esas inercias que contagian muchos de nuestros entornos políticos, sociales y culturales. Una de las mesas escenificó el llamado diálogo social que, en nuestro país, ha funcionado como un muro de contención ante las situaciones derivadas de las crisis coyunturales y sistémicas. Algo que, dice Cándido Méndez, no ha contagiado a la política, sumida en un proceso de ansiedad y permanente enrocamiento de posturas. El ex secretario general de UGT participó en este coloquio junto a la diputada Elvira Rodríguez y el secretario técnico de FOESSA, Raúl Flores.
Aunque las cifras de empleo en términos cualitativos son positivas, el grado de satisfacción con la calidad del trabajo no lo es tanto. A principios de año, la OIT alertaba de que la actual desaceleración económica mundial «obligará a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados y carentes de seguridad y protección social». ¿Nos encaminamos hacia una precarización del empleo?
La precarización del empleo es una realidad desde hace años. En Latinoamérica, el denominado, piadosamente, empleo informal afecta a más del 50 % de los trabajadores. En España hay capacidad para avanzar en la dirección de la reducción de la precariedad, si trabajamos por un triple objetivo: 1) mejora de la productividad, conjugando el retraso en I+D+I, a través de los fondos NextG; 2) aumentando del poder adquisitivo de los salarios, a través de la Negociación Colectiva; y 3) apostando por aumentar el tamaño de las empresas españolas de 50 Trabajadores a 250. Son objetivos de luces largas para administraciones, sindicatos y patronales.
La crisis de la covid, la guerra de Ucrania, la crisis energética y de suministros… España ha vivido cuatro años de una coyuntura económica difícil con esfuerzos que han llevado a empresas y trabajadores al límite. Mientras en otros países de Europa esto se ha traducido en revueltas y protestas, en España ha habido pocas manifestaciones durante este tiempo. Algunos dicen que los sindicatos han estado aletargados y que, con otro gobierno, la respuesta hubiera sido diferente. ¿Está de acuerdo?
No, los sindicatos se han centrado con la patronal y el Gobierno en materializar el denominado escudo social, consiguiendo que las consecuencias de esta gravísima crisis no tengan el impacto social demoledor de la del 2008.
En el curso se habló del diálogo social como un ejemplo de la cultura del encuentro a la que llama el Papa. En España siempre ha gozado de buena salud, pero el contexto de polarización política no ha favorecido el equilibrio en esa estructura tripartita tradicional (sindicatos, empresarios y Gobierno). ¿Está deteriorado el diálogo social? ¿Ha influido la política en su erosión?
El diálogo social ha sido el rompehielos para proteger a la población laboral y la más vulnerable, incluidos los pensionistas. Afortunadamente, la política no lo ha contaminado y, desgraciadamente, la política no lo ha imitado.
El trabajo está cambiando, como cambian las prioridades a la hora de elegir un empleo. Se busca menos la estabilidad y más la realización personal, lo que supone, en algunos casos, una dedicación al trabajo que acaba siendo en parte una forma de autoexplotarse. Hay quien habla de formas de esclavitud moderna que, además, son consentidas. ¿Qué opina?
Sin duda hay situaciones así, sobre todo, como consecuencia de la degradación del empleo autónomo con todas las desventajas de ser trabajador y auto empresario y ninguna de las ventajas. Esa situación se ha agravado por las plataformas, pero la ley rider, acordada con patronal y sindicatos es un exponente de que son situaciones que pueden y deben erradicarse.
Cuando se habla de la crisis demográfica se apunta a las dificultades para conciliar. El Ministerio de Trabajo propone para ello la reducción paulatina de las jornadas laborales hasta llegar incluso a las 32 horas semanales. ¿Es la solución? ¿Será sostenible para el que crea empleo?
Las dificultades para conciliar la familia y el empleo pueden reducirse con marcos de protección a la maternidad/paternidad avanzados, como existen desde hace mucho tiempo en Alemania o en otros países de Europa. El debate de la reducción ordenada de la jornada laboral, que lleva reduciéndose desde hace 40 años, es necesario y ahora con el avance de la digitalización, apoyada por los fondos europeos, se puede compatibilizar con la mejora de la productividad, que es la clave de bóveda para la rentabilidad de las empresas.
Herencia universal, renta universal… ¿ayudan o desincentivan al empleo?
Yo soy partidario de una renta social, se llame como se llame, vinculada a itinerarios de formación y empleo, porque creo que una renta universal no vinculada al trabajo puede agravar las desigualdades sociales, que son el veneno para la convivencia democrática, ya que en una sociedad democrática todo empieza por un trabajo digno para la gran mayoría de la población.
Evolucionamos hacia nuevos modelos de trabajo a través de plataformas donde, en muchos casos, el trabajo se subasta, y donde es más difícil llegar a acuerdos sobre derechos y condiciones laborales ¿cómo se responde a estas realidades desde el ámbito sindical?
Ya he mencionado la ley rider, que es un buen exponente de ello. La palabra clave es regulación, y esta corresponde a los poderes públicos en negociación con sindicatos y empresarios.
En la Fundación Pablo VI estamos reflexionando en estos últimos años sobre las grandes transformaciones en el mundo del trabajo con la automatización y la digitalización. Algunos expertos proponen, incluso, la necesidad de establecer una renta universal, puesto que no habrá trabajo para todos. ¿Cómo ve el panorama futuro?
El futuro no es algo que se va a abalanzar sobre nosotros, sino que lo estamos construyendo ya. A mi juicio, el objetivo estratégico debería centrarse en la materialización de un triángulo virtuoso que podríamos denominar 3D (Digitalización, Descarbonización y trabajo con Derechos). Hay fondos, los europeos, que en el caso de España se estima que lleguen a los 140.000 millones de euros, a los que se pueden asociar, mediante la necesaria colaboración público-privada, 500.000 millones más. Para esto es necesario un Pacto de Estado con diálogo social, para definir los pasos a alcanzar en 2026 y 2030, en el horizonte de la neutralidad climática en 2050. España necesita de las reflexiones de entidades como esta Fundación que tiene como eje de sus objetivos la dimensión social y la dignidad del ser humano.
El resultado electoral abre de nuevo un panorama incierto que dificulta la gobernabilidad. ¿Se atreve a aventurar un escenario? ¿Cuál sería el ideal para garantizar la estabilidad y lograr acuerdos de Estado?
El resultado electoral ha dejado algunas cosas claras: que el pueblo español no quiere gobiernos condicionados por los extremos, de ahí que hayan perdido representación tanto los independentistas como Vox, con más intensidad estos; y que prefiere la estabilidad, de ahí que los grandes partidos sumen entre los dos el 75 % del Congreso y el 90 % del Senado. El escenario resultante será la dinámica política la que lo marque; pero lo que necesita España, con los retos que he comentado anteriormente, son mayorías sólidas capaces de fraguar consensos básicos y estables para los próximos años, y alejadas de posiciones negacionistas, antieuropeas o secesionistas. El primer escalón será el Presupuesto para 2024, que tendrá que incorporar los requerimientos de la UE para la estabilidad financiera y la política fiscal, social y de inversiones coherente con los mismos. Sería fundamental que la visión en la UE que se tenga de esos presupuestos de los dos grandes partidos, que son a su vez los que aseguran la estabilidad política en la Comisión y el Parlamento europeo, sea coincidente en sus líneas básicas.
La Rerum novarum de León XIII dio un gran impulso al reconocimiento de los derechos de los trabajadores y a la mejora de sus condiciones laborales ¿Beben los sindicatos hoy también de la Doctrina Social de la Iglesia?
La Rerum novarum vio la luz cuando el movimiento obrero de clase ya estaba organizado. La UGT de España ya había celebrado su Primer Congreso, en 1888, organizándose en toda España. La Rerum Novarum se asoció a los denominados sindicatos amarillos (el color del Vaticano), que se percibían con recelo por estar al servicio de los patronos, y nunca llegaron a cuajar. Afortunadamente ha pasado mucha agua bajo los puentes y, en la actualidad, los sindicatos de origen cristiano y los sindicatos de origen socialdemócrata ya estamos en una misma Internacional, desde el año 2006, y compartimos sustancialmente los mismos objetivos que se concretan en el trabajo decente. En España, los militantes obreros de la HOAC y la JOC formaron parte de la vanguardia concienciada en la conquista de las libertades políticas y sociales, y es algo que hay que tener presente. En cualquier caso, es innegable que la Rerum novarum, desde mis escasos conocimientos, ha sido la viga maestra sobre la que se ha forjado la doctrina social de la Iglesia. En Laudato Si’, el Papa Francisco aplica a la Revolución Digital el espíritu de la Rerum novarum para la Revolución Industrial.
