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«Buscar salida», último informe del Servicio Jesuita a Migrantes sobre la situación en la frontera Sur

Los pies que ilustran esta información no son los de ningún octogenario. Son los de un muchacho llegado a Melilla el pasado mes de diciembre. El día 4, en efecto, una noche en que diluviaba, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) recibió una llamada que informaba de que tres chicos estaban vagando por las calles de la ciudad autónoma. Eran sudaneses, habían entrado por mar y estaban en situación de calle. Los encontraron a las 7 de la mañana del día siguiente, ateridos de frío tras pasar la noche al raso, bajo un puente. Uno de ellos, el «dueño» de esos pies, presentaba evidentes síntomas de hipotermia. Hubo que darle masajes para que circulara la sangre. Los muchachos querían solicitar asilo, al igual que otro chico camerunés, en similar situación, localizado al día siguiente.

Su caso ha salido a relucir en la mañana de este miércoles 16 de diciembre durante la presentación de «Buscar salida», el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) que analiza la situación en la llamada «frontera Sur». Se trata del quinto estudio de este tipo que elabora el equipo de este organismo de la Compañía de Jesús desde 2012.

Realizado por un equipo de cinco personas coordinadas por Josep Buades SJ, el estudio se centra en siete cuestiones esenciales relativas al proceso migratorio en la frontera Sur: las dificultades de los llegados para solicitar asilo; la falta de garantías en los procesos de devolución; las limitaciones indebidas al derecho a la libre circulación; el trato como delincuentes a posibles víctimas de trata; la situación de los menores cuando han de abandonar el centro de acogida; las separaciones familiares a consecuencia de un celo desproporcionado; y el impacto de la pandemia en las situación de las personas migrantes.

Una ley que cree corredores humanitarios en territorio marroquí

El SMJ pide en las conclusiones del trabajo «un reglamento que desarrolle la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria». La nueva ley, dice, «debería regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canalizar el acceso seguro de solicitantes de asilo a las oficinas de asilo y refugio en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla». Y es que hay personas que saltan la valla, o se echan al mar para tratar de llegar a Melilla a nado, porque no tienen acceso a los puestos correspondientes para realizar esa solicitud.

Ahora mismo en la frontera Sur de Europa se produce una triste paradoja, como ha puesto de manifiesto David Melián, abogado del SJM en Melilla: que las mismas personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen por sufrir persecución o ver amenazadas sus vidas, son forzadas también por las circunstancias a arriesgarla intentando entrar en Europa para estar a salvo.

Los autores de «Buscar salida», en el acto de presentación del informe.

En 2019 entraron irregularmente a Melilla desde el mar 906 personas, un número similar al del año anterior. El SJM —dice el trabajo— «no tiene datos precisos sobre las personas que llegan directamente a Melilla a nado con o sin la ayuda de flotadores, a bordo de motos acuáticas o de pequeñas embarcaciones, o de las rescatadas por Salvamento Marítimo en aguas abiertas», pero constata «un goteo» de llegadas a través de esta vía. El año pasado trascendió la muerte de un deportista de élite que se ahogó intentando entrar así.

El SJM ha puesto también en valor la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que los solicitantes de protección internacional tienen derecho a circular libremente por todo el territorio nacional y a elegir su lugar de residencia en España siempre que la petición haya sido admitida a trámite y la persona haya sido debidamente documentada.

«El Ministerio de Interior debe cesar en la práctica de limitar de forma generalizada el derecho a la libertad de movimiento de las personas solicitantes de asilo en Melilla, y en Ceuta», ha pedido la abogada María Vieyra, del equipo de Frontera Sur y coautora del informe. «Melilla —ha añadido— es un laberinto geográfico complicado por una maraña de normas y prácticas administrativas que frustran el tránsito de las personas migrantes y refugiadas, una ciudad a la que cuesta mucho llegar y de la que resulta difícil salir».

El SJM denuncia que se siguen produciendo devoluciones sumarias (las ha habido en septiembre y quizás en octubre, ha dicho Buades), y aventura que la nueva valla de rodillos, de una altura de hasta diez metros, provocará un mayor número de lesiones entre quienes traten de saltarla. Respecto a las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, el coordinador del equipo de trabajo ha dicho que «siempre nos ha llamado la atención que, por tierra, hay un trato correcto por parte de los guardias civiles, pero apaleamientos en el otro lado de la frontera». Buades expresado igualmente su preocupación porque se esté metiendo a la inmigración, que debería ser un tema de Estado, en el juego político. El SJM ha propuesto «la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería que ampara como rechazo en frontera en Ceuta y Melilla las devoluciones sumarias».

El también abogado Diego Fernández-Maldonado, otro de los coautores, se ha referido al drama de la separación familiar en la frontera. El SJM pide que se proceda a la reagrupación familiar sin dilación cuando se acredita el vínculo mediante documentación fehaciente, como un pasaporte, salvo que se aprecien indicios de manipulación o falsedad.

David Melián ha afirmado que se han detectado varios casos de personas en situación psicológica límite que han confesado su intención de quitarse la vida por hallarse bloqueadas en Melilla. «Nos hemos visto acompañando a personas que son incapaces de verbalizar lo que han vivido, tal es su grado su sufrimiento. No son capaces de ir más allá», señala. Marisa Amaro, de la Asociación Geum Dodou de Melilla, ha confirmado la existencia de «situaciones muy complicadas de situación mental».

Además de las ya citadas, el SJM realiza también las siguientes peticiones a la Administración: la eliminación de las concertinas y otros obstáculos lesivos; la aceleración de la práctica de pruebas de parentesco mediante ADN; la regulación del modo de proceder de la Guardia Civil para que el «rechazo en frontera» cumpla con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional; un protocolo de atención a las víctimas de naufragio; la revisión del protocolo de identificación y tratamiento de los cadáveres; y la no criminalización de personas que han tenido que recurrir a traficantes o son víctimas de trata.



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