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Bolivia: La Iglesia pide la «inmediata puesta en libertad» de Áñez
Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, lee la declaración «La democracia exige respeto a los derechos humanos».
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Bolivia: La Iglesia pide la «inmediata puesta en libertad» de Áñez

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) ha pedido «la inmediata puesta en libertad» de la expresidenta Jeanine Áñez, arrestada en la madrugada del 13 de marzo por orden de la Fiscalía bajo los cargos de conspiración, sedición y terrorismo. La exmandataria, que asumió el poder tras la crisis de 2019, fue detenida en su domicilio por el caso «Golpe de Estado». Esta causa investiga los sucesos acaecidos tras las elecciones fraudulentas de ese año y la posterior huida a México —previa supuesta injerencia militar— del entonces presidente Evo Morales y otros miembros del gabinete. La Fiscalía ha dictado también órdenes de captura contra cinco de los exministros de Áñez —los de Justicia y Energía ya han sido detenidos— y la cúpula militar que en 2019 pidió la renuncia de Morales. Los delitos de sedición y terrorismo que les imputan conllevan penas de prisión de entre cinco y veinte años.

Persecución política

La CEB ha sido muy clara a la hora de valorar la actuación judicial. Se trata de «persecución política». Y pide «la inmediata puesta en libertad de los detenidos». «La detención y enjuiciamiento de la expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez, junto a varios de sus ministros, políticos, policías y militares, sin tener en cuenta garantías mínimas constitucionales ni siquiera la presunción de inocencia, confirma la línea de actuación que, lamentablemente hemos visto en el Sistema judicial, que deja impunes a unos y criminaliza a otros, dependiendo del Poder político en cada momento», dice su comunicado, que lleva por título «La democracia exige respeto a los derechos humanos».

Para la Iglesia, la democracia solo es posible con una «Justicia independiente» que no esté sometida «al interés político del Gobierno de turno». Para que haya democracia, insiste, tiene que haber «respeto a la verdad». Y la verdad, según los obispos, es que en Bolivia en 2019 no hubo un golpe de Estado contra Morales. «No se puede crear un relato falso de la historia, inventando la verdad y manipulando la conciencia de los bolivianos», indica el organismo que preside el arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas.

La CEB exhorta a dejar atrás «la política de la revancha y el rencor»; reclama una Justicia independiente; y aboga por la búsqueda de soluciones que tengan en cuenta a todos, «más allá de ideas políticas diferentes».

Elecciones fraudulentas

Los hechos que se investigan están relacionados con las elecciones presidenciales celebradas en octubre de 2019, en las que el organismo competente proclamó vencedor a Morales en primera vuelta. El clamor popular ante el supuesto fraude obligó al exdirigente cocalero a aceptar una misión de la OEA para que verificase los resultados. El dictamen de dicha misión fue concluyente: hubo manipulación del sistema informático encargado del recuento, por lo que no podía avalar los resultados y había que «repetir las elecciones».

Esos nuevos comicios, sin embargo, nunca llegaron a celebrarse. Aunque el gobierno de Morales destituyó al responsable de la Comisión Electoral y aceptó la nueva convocatoria, la intervención de los responsables del ejército y de la policía («sugerencia», según ellos) obligó al dirigente del MAS (Movimiento al Socialismo) a renunciar y a huir a México. Ante el vacío de poder y la negativa a asumir el cargo del presidente de la Asamblea Nacional (del mismo partido de Morales), el sillón presidencial acabó recayendo de manera interina en Áñez, a la sazón vicepresidenta segunda del Senado.

Esta ejerció el poder hasta octubre de 2020, que es cuando, después de varios aplazamientos por la pandemia de Covid-19, se celebraron finalmente los comicios aplazados. El triunfo del candidato del MAS y actual presidente Luis Arce hizo posible el retorno de Morales desde Argentina. La Conferencia Episcopal llamó a participar en ellos sin violencia y a acatar los resultados.

Jeanine Áñez, el 13 de marzo, día de su detención.

Independencia de poderes

La Fiscalía pide ahora seis meses de misión preventiva para Áñez por riesgo de fuga y obstaculización de la investigación. La expresidenta, por su parte, exige que se respete el estado de Derecho e, invocando su condición de aforada, pide que su proceso sea justo y no tenga lugar ante la justicia ordinaria.

Human Rights Watch ha dicho que no hay evidencia de que los detenidos hayan cometido «delito de terrorismo», como tampoco la había en 2020 por este mismo cargo contra Morales.

La Unión Europea ha afirmado por boca de su Alto Representante, Josep Borrell, que las acusaciones por los hechos de 2019 «deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes».

El expresidente Carlos Mesa, principal rival de Morales en aquellos comicios, ha denunciado la «persecución política» que se ha instalado. «Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masista son el martillo ejecutor. Los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas», ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, monseñor Sergio Gualberti. «Se pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron el voto ciudadano y a la democracia mientras que presentan como víctimas a los autores del fraude».

 



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