Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana
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Arzobispo Centellas (Bolivia): «Mientras sube el número de contagios no conviene realizar elecciones»

La tensión social crece en Bolivia. Miles de personas convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones afines —muchas de ellas llegadas en autobuses de otras partes del país— se echaron a la calle en El Alto el 28 de julio para protestar por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de posponer otra vez las elecciones presidenciales. Previstas para el 6 de septiembre, la nueva fecha anunciada ahora por el organismo es la del 18 de octubre. En la marcha hubo agresiones a periodistas y daños a una ambulancia. La presidenta interina Jeanine Áñez, que dio positivo por coronavirus el 9 de julio pero que ya ha recibido el alta médica, ha calificado la manifestación de «irresponsable» y «canallesca».

La razón del nuevo aplazamiento es, obviamente, la epidemia de COVID. En proporción a su población (11,5 millones de habitantes), Bolivia es hoy uno de los países en los que el virus está más activo. El martes 28 de julio, el ministerio de la Salud informó de que en las últimas veinticuatro horas se habían registrado 1.146 nuevos contagios, hasta un acumulado de 72.327. El número total de víctimas mortales hasta ese día ascendía a 2.720.

«No conviene»

«Mientras sube el número de contagios no conviene realizar elecciones», ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal (CEB), Ricardo Centellas. «Si siguen subiendo los infectados, no hay curva descendente; entonces es muy riesgoso, es de alto riesgo y no conviene realizar las elecciones». El arzobispo metropolitano de Sucre recuerda que «la política como tal, está al servicio de la vida» y que cualquier medida que se tome ahora «siempre se puede revisar» más adelante.

Monseñor Centellas se ha mostrado muy crítico con la clase política nacional. «Hacen falta nuevos líderes políticos, pero que entiendan la política. La política no es una oportunidad para ganar dinero, la política es un servicio al bien común, al trabajo para que todo boliviano viva dignamente. (…). Bolivia cambiará el día en que, cuando entre un político a asumir una responsabilidad pública, se olvide de su color político, se olvide de su interés».

La Conferencia Episcopal ya lamentó en junio, en un comunicado de la secretaría general, que «algunas ideologías» políticas «cegadas por intereses de poder» inducen al pueblo a cometer errores y ponen en riesgo su salud y su vida, en clara alusión al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales. Unas semanas antes, en mayo, el presidente de CEB había criticado también duramente la gestión del gobierno de Áñez. «Un gobierno de transición que se preocupa demasiado por colocar a su gente en instituciones públicas no es un gobierno de transición, ya parece un gobierno que quiere instalarse; pero no es ético, y el periodismo tiene la tarea de desenmascarar esto».

Jeanine Añez, como se recordará, no ha sido elegida por el pueblo a través del voto directo. La exvicepresidenta segunda del Senado juró como presidenta de la República en noviembre tras la huida de Morales y de otros miembros de su gobierno. Bolivia tenía que haber repetido las elecciones que desencadenaron aquella crisis el 3 de mayo. Desde entonces han sido aplazadas varias veces a causa de la pandemia, y la confrontación social es cada vez mayor.

Covid en las cárceles

La situación sanitaria no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Solo el día 28, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) realizó el levantamiento legal de 75 cadáveres, positivos o sospechosos de coronavirus. Se trata de intervenciones extrahospitalarias realizadas a requerimiento de transeúntes (por estar los cuerpos en la vía pública) o de familiares de las víctimas.

El día anterior, decenas de presos de la cárcel de San Sebastián de Cochabamba se subieron al techo de la instalación para exigir asistencia médica, medicinas y pruebas rápidas de COVID-19, además de una mayor aceleración de sus causas.

No ha sido este el único incidente penitenciario. En junio ya se produjo un motín en el penal de Sucre tras la muerte de un reo con síntomas de COVID. Y en mayo, otro, por el mismo motivo, en el de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, el mayor y más conflictivo del país.

Bolivia cuenta con 48 cárceles y «carceletas» en las que hay internadas más de 18.000 personas. Según datos oficiales, en ellas han muerto hasta ahora 40 presos, mientras que han resultado contagiados otros 159.

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