El Papa Francisco recibió en audiencia privada al presidente Fernández el pasado 31 de enero / EFE
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Argentina: Enojo, tristeza y decepción entre los obispos por la tramitación de la ley del aborto

Cuando más unión necesita, Argentina vuelve a fracturarse. Y otra vez a causa del aborto. Este 17 de noviembre, el presidente de la República, Alberto Fernández, informaba del envío al Congreso, para su tramitación, de un nuevo Proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Aunque esperado, el anuncio ha hecho saltar todas las alarmas en la Iglesia y las organizaciones de defensa de la vida, que ya preparan movilizaciones para expresar su rechazo el día 28 de este mismo mes.

La Iglesia ha recibido la noticia con dolor y tristeza. En primer lugar, porque la ley que se presenta es prácticamente la misma que la tramitada en 2018. Y en segundo, porque considera, con toda razón, que este tiempo de pandemia es, precisamente, el menos indicado para legislar en esta materia, pues se lleva todo el año diciendo a los argentinos que «primero está la vida», para lo cual se ha paralizado el país y dañado gravemente a la economía, y ahora se quiere eliminar la vida de los inocentes que aún no han nacido, incongruencia que ha sido subrayada por el obispo Alberto Bochatey, auxiliar de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud.

Los obispos se lo veían venir y ya expresaron su rechazo el 22 de octubre, a través de una declaración de su Comisión Ejecutiva. En ella dejaban constancia de que en la actual coyuntura resulta «insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características».

«En este tiempo —dice esa nota—, cuando el ánimo de los argentinos se sobrepone a situaciones extremas con paciencia, ingenio y esperanza —aún ante la pérdida de seres queridos en las familias—; cuando padecemos el humillante aumento de la cantidad de hogares cada vez más pobres; en un año escolar que dejó al margen a una gran cantidad de alumnos y puso en evidencia la desigualdad de recursos y medios; cuando los heroicos agentes sanitarios agotados por el esfuerzo sobrehumano nos piden a gritos que cuidemos la vida; el sentido común —que abunda en el pueblo sencillo— nos revela que no hay lugar para pensar en proyectos legislativos que contradicen el discurso que dice cuidar a todos los argentinos como prioridad».

«La pandemia —insiste la Conferencia Episcopal (CEA)— nos ha alertado que el Estado debe velar por el cuidado de la “salud pública”, es decir, el cuidado de la vida humana. No cuidar todas las vidas, todo la Vida, sería una falta gravísima de un Estado que quiere proteger a sus habitantes».

Promesa de campaña

El obispo Bochatey ha calificado de «tristísima» la iniciativa presidencial, no tanto por lo que conlleva en la práctica —Fernández, recuerda, ya presentó «un protocolo de aborto nacional» a las 48 horas de iniciar su mandato, y este se aplica en el 90% del país, por lo que «el aborto ya se está haciendo»— cuanto por lo que esta representa. «Se va a introducir por primera vez en la historia jurídica de la Argentina —ha declarado a la agencia Aica— una ley en democracia que contiene la muerte de un ser humano. Hay un cambio en la tradición jurídica argentina y la historia nos enseña que nunca ningún problema social fue solucionado eliminando la vida de otro». Para el presidente de la Pastoral de Salud de la CEA, en lugar de legislar sobre el aborto, «lo que habría que hacer es una ley para que la madre y el padre no generen vidas forzadas. Esto no es maternidad forzada, sino filiación forzada. No hay ninguna ley que hable de la responsabilidad de los adultos». El prelado atribuye lo que está pasando al compromiso adquirido con «algunos grupos y con el lobby proaborto».

El Gobierno se justifica aduciendo que el proyecto es un compromiso que figuraba en el programa electoral, como si ello fuese algo irreversible. No cuela. «Es cierto que el presidente Alberto Fernández se comprometió en campaña a enviar el proyecto —ha declarado al diario Clarín el arzobispo de San Juan de Cuyo y nuevo secretario general del CELAM, Jorge Lozano—, pero también se comprometió a generar fuentes de trabajo, a tener las heladeras llenas, a impulsar programas de vivienda, a impulsar una serie de compromisos y promover la unidad entre todos los argentinos, cosa que vemos que no se está haciendo».

La medida ha sido acogida con enojo y decepción por el golpe bajo que supone también para el Papa Francisco, quien a comienzos de año propició un acercamiento entre el Gobierno de Fernández y el FMI para la refinanciación de la deuda externa. Este es también —razonan los obispos— el «pago» del Ejecutivo a los redoblados esfuerzos que la Iglesia está haciendo en los barrios populares y villas miseria para atender a los más pobres, a quienes la crisis de la covid está golpeando doblemente, y evitar así que aumente la crispación y la tensión social.

«Que sean creativos, modernos y busquen otro tipo de soluciones», ha pedido el obispo Bochatey a los senadores y diputados que deben pronunciarse ahora sobre el proyecto de ley.

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