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133 años de condena a Inocente Montano por el asesinato de los mártires de la UCA

Más de treinta años después de la masacre de la UCA en El Salvador, en la que murieron cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia. Ha condenado a 133 años de cárcel a Inocente Montano, según informa el Poder Judicial. Montano era coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador.

En su sentencia la Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) por cada uno de los cuales le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión.

La Sala, en este caso, ha optado por incluir en la condena al acusado las costas causadas por la acusación popular ejercida por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia.

La sentencia, ponencia de Fernando Andreu, indica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas. Legalmente constituyen 8 delitos de asesinato de carácter terrorista y así lo hace constar a lo largo de los 128 folios, si bien la Sala sólo puede condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de distrito de Carolina del Sur que concedió la extradición de Montano redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española.

Los magistrados también consideran a Inocente Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

«Terrorismo desde el Estado»

La sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, «lo que comúnmente viene a denominarse como “terrorismo desde el Estado” que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder, como en el presente caso, en el seno del Alto Mando de las fuerzas Armadas , y al que pertenecía el acusado, y en donde se adoptó la decisión de, arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población, y alterar gravemente la paz pública y a perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador, cometiendo los crímenes desde el poder de los medios que le suministra el Estado».

La sala considera vital el testimonio del exteniente del ejército Yushsy René Mendoza, que en calidad de testigo reconoció su participación en los hechos. La sala le da credibilidad y recuerda que desde el principio reconoció esa participación, señalando que fue por orden del coronel director de la Escuela Militar, que acudió aquella noche a la universidad y que la orden era «matar a Ellacuría, sin dejar testigos».

La resolución analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, cuando en 1989 El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que duraba más de diez años.

El relato de los hechos según la sentencia

La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba el viceministro de Seguridad Pública, el coronel Montano, en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello una unidad del batallón Atlacatl.

Según explica el Poder Judicial en la sentencia, después de la medianoche del 15 al 16 de noviembre, los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel les facilitó un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros del FMLN los autores de los hechos. Les ordenó también que hicieran creer que se hubiera producido una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos.

Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes y cuando estos salieron de su residencia alertados por el ruido les ordenaron tirarse al suelo, momento en el que el oficial que llevaba el AK 47 empezó a disparar a los tres que estaban en el suelo, Ellacuría, Baró y Montes. Tras ello, según el relato de la sentencia, el subsargento y un cabo empezaron a disparar y mataron a los otros tres sacerdotes.

En ese mismo momento, el sargento que se había quedado custodiando a la cocinera de la universidad y a su hija efectuó numerosos disparos mientras ambas se agarraban. A continuación, cuando descubrió que seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte, lo que hizo descargando su M-16 «hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad».

Inmediatamente después, otro de los soldados, siguiendo instrucciones del teniente de la Escuela Militar escribió en una pared: «EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN».

Por estos hechos, se celebró un juicio en El Salvador que el Tribunal Supremo de España consideró que no revelaba indicios suficientes de que se garantizase el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien su sustracción a la Justicia, al tiempo que remarcó la ausencia de garantías necesarias de independencia e imparcialidad.

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