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Informe Foessa: 11 millones de españoles en situación de exclusión social

Año y medio después del estallido de la pandemia, «son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España». Así se refleja en el avance de resultados de la encuesta Foessa 2021.

Bajo el título «Sociedad expulsada y derecho a ingresos», Cáritas y la Fundación Foessa presentaron el 6 de octubre el informe Análisis y Perspectivas 2021 donde se analiza «cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España».

Los datos revelan «un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta.

La pandemia ha incrementado los niveles de exclusión en el conjunto de la población y lo hace en todas las dimensiones de exclusión: empleo, consumo, salud, educación, política, vivienda, conflicto social y aislamiento social.

«La pandemia a golpeado a los más débiles»

Los datos de FOESSA «vienen a constatar lo que a lo largo de los últimos meses se ha venido comprobado a través de la acción social de Cáritas: que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote».

Así lo explicó Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios, que alertó «que el panorama que la vasta crisis provocada por la pandemia está dejando un impacto muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias».

«Sí se está quedando mucha gente atrás»

Por su parte, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, alertó que «cuando miramos los datos que nos ofrece la realidad social y de la acción Social de Caritas, observamos que sí se está quedando mucha gente atrás».

De ahí la urgencia, añadió Peiro, «de seguir avanzando y ampliar el alcance de estas medidas iniciales para que el objetivo de construir ese ´escudo social´ se logre y que proteja realmente a la ciudadanía y las familias más desprotegidas».

Desde Cáritas, destacó, «no podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la desvinculación de un porcentaje importante de la población y la expulse de la sociedad».

Perfiles más afectados por el virus social

Aunque el aumento de la exclusión se ha dado de forma generalizada en el conjunto de la población, el informe identifica que  las familias con adolescentes en su seno son de las más perjudicadas.

Las dificultades que entraña la crianza, y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares. Por otra parte, el país de origen es otro de los condicionantes. La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha convertido en crónica su obvia posición de desventaja.

Según el informe, «solo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud del IMV». En consecuencia, «solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), le ha sido denegado».

Aumento de la pobreza severa y erosión de las relaciones sociales

Asimismo, la dimensión del empleo y de la vivienda se vinculan de manera innegable con la exclusión del consumo, que se ha disparado notablemente, al pasar del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021, lo que supone un alza del 21%.

La estrecha relación entre dificultades con el empleo y exclusión en el consumo se hace patente al comprobar que, para el conjunto de hogares afectados por la exclusión en el empleo, la pobreza severa se eleva hasta el 30%, que triplica el nivel de afectación del conjunto de la sociedad.

Por otro lado, si en el anterior informe FOESSA las buenas relaciones existentes entre las personas dentro del hogar y con su entorno social más cercano era una noticia esperanzadora esta crisis lo cambia todo. Un aspecto diferencial es que la pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, al duplicarse el número de estos cuyo clima de convivencia muestra dificultades serias.

El conflicto social, la dimensión que mide la calidad de las relaciones dentro de los hogares, ha pasado de afectar a un 5% de los hogares en 2018 a casi un 10% en 2021. Esta dimensión es la que, porcentualmente, más ha aumentado en cuanto al nivel de afectación para el conjunto de la población.

Brecha digital

El informe identifica también un nuevo motor de exclusión social y desigualdad, la brecha digital.

No disponer de conexión suficiente ni de un dispositivo conectado y de habilidades para manejarse en el entorno digital están marcando fuertemente la diferencia en una sociedad cada vez más digitalizada: supone una pérdida de oportunidades en ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas públicas o las propias relaciones sociales.

Esta es una realidad que afecta a un 46% de los hogares en situación de exclusión frente al 35% del conjunto de hogares.

Los retos que tenemos como sociedad

La última parte del informe plantea una serie de retos para incidir en los desajustes estructurales de nuestro modelo de desarrollo social y en una salida de la crisis para todos que no deje realmente a nadie atrás. Estos retos serían:

  1. Devolver su dignidad al trabajo para crear empleo decente: Potenciar un mercado de trabajo y un modelo productivo que favorezcan la creación de empleo capaz de garantizar el derecho a un trabajo decente y estable, y con condiciones dignas.
  2. Necesidad urgente de políticas públicas suficientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista de nuestros derechos.
  3. La brecha digital se ha convertido en un motor de exclusión social. Es primordial impulsar medidas y estrategias que garanticen el acceso al derecho a una conexión a internet de buena calidad, a tener dispositivos que permitan esa conexión y el derecho a adquirir competencias o habilidades para desenvolvernos en ese mundo.
  4. La pobreza y exclusión social siguen golpeando con más fuerza a la población menor de 18 años en España. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos prioritarios en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva.
  5. La población de origen inmigrante se aleja un poco más de la inclusión social: Urgen políticas sólidas de equidad y solidaridad para esta población que se encuentra segregada, que ocupa los niveles sociales más desfavorecidos y afronta graves dificultades en empleo, vivienda y pobreza.
  6. Esta crisis también ha sido mental. El estrés, la ansiedad o la fatiga vital no pueden abordarse solo desde una perspectiva individual, sino que es esencial considerar el entorno social y los factores contextuales que afectan nuestra salud mental. Nuestro sistema público de salud debe integrar una perspectiva de salud mental colectiva y comunitaria.
  7. Es necesario consolidar un sistema de garantía de rentas que proteja. El IMV debe seguir mejorando en términos de cobertura y protección para ser un sostén económico efectivo y sostenible para las familias que necesitan de estos ingresos.


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