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“Por una reforma
del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una
autoridad pública con competencia universal” es el título del documento del Consejo
Pontificio Justicia y Paz hecho público el lunes 24 de octubre de 2011
Prólogo
«La presente situación del mundo exige una acción de conjunto que
tenga como punto de partida una clara visión de todos los aspectos económicos,
sociales, culturales y espirituales. Con la experiencia que tiene de la
humanidad, la Iglesia, sin pretender de ninguna manera mezclarse en la política
de los Estados, “sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu
Paráclito, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de
la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido”».
Con estas palabras
Pablo VI, en la profética y siempre actual Encíclica Populorum progressio de 1967,
trazaba de manera límpida «las trayectorias» de la íntima relación de la
Iglesia con el mundo: trayectorias que se cruzan en el valor profundo de la
dignidad del ser humano y en la búsqueda del bien común, y que además hacen a
los pueblos responsables y libres de actuar según sus más altas aspiraciones.
La crisis económica y financiera que está atravesando el mundo
convoca a todos, personas y pueblos, a un profundo discernimiento sobre los
principios y de los valores culturales y morales que son fundamentales para la
convivencia social. Pero no sólo eso. La crisis compromete a los agentes
privados y a las autoridades públicas competentes a nivel nacional, regional e
internacional a una seria reflexión sobre las causas y sobre las soluciones de
naturaleza política, económica y técnica.
En esta prospectiva, la crisis, enseña Benedicto XVI, «nos obliga
a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de
compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las
negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y
proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en
esta clave, de manera confiada, más que resignada».
Los líderes mismos del G20, en el Statement adoptado en Pittsburgh
en el año 2009, han afirmado como «The economic crisis demonstrates the
importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity
grounded in responsibility».
Recogiendo el llamamiento del Santo Padre y, al mismo tiempo,
haciendo propias las preocupaciones de los pueblos – sobre todo de aquellos que
en mayor medida sufren los efectos de la situación actual – el Pontificio
Consejo “Justicia y Paz”, en el respeto de las competencias de las autoridades
civiles y políticas, desea proponer y compartir la propia reflexión “Por a una
reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de
una autoridad pública con competencia universal”.
Esta reflexión desea ser una contribución a los responsables de la
tierra y a todos los hombres de buena voluntad; un gesto de responsabilidad, no
sólo respecto de las generaciones actuales, sino sobre todo hacia aquellas
futuras, a fin de que no se pierda jamás la esperanza de un futuro mejor y la
confianza en la dignidad y en la capacidad de bien de la persona humana.
Peter K. A. Card. Turkson
† Mario Toso, SDB
Presidente Secretario
Premisa
Toda persona individualmente, toda comunidad de personas, es partícipe
y responsable de la promoción del bien común. Fieles a su vocación de
naturaleza ética y religiosa, las comunidades de creyentes deben en primer
lugar preguntarse si los medios de los que dispone la familia humana para la
realización del bien común mundial son los más adecuados. La Iglesia, por su
parte, está llamada a estimular en todos, indistintamente, «el deseo de
participar en el conjunto ingente de esfuerzos realizados [por los hombres] a
lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, respondiendo
[así] a la voluntad de Dios».
1. Desarrollo económico y desigualdades.
La grave crisis económica y financiera, que hoy atraviesa el
mundo, encuentra su origen en múltiples causas. Sobre la pluralidad y sobre el
peso de estas causas persisten opiniones diversas: algunos subrayan, ante todo,
los errores inherentes a las políticas económicas y financieras; otros insisten
sobre las debilidades estructurales de las instituciones políticas, económicas
y financieras; otros, en fin, las atribuyen a fallas de naturaleza ética,
presentes en todos los niveles, en el marco de una economía mundial cada vez
más dominada por el utilitarismo y el materialismo. En los distintos estadios
de desarrollo de la crisis se encuentra siempre una combinación de errores
técnicos y de responsabilidades morales.
En el caso del intercambio de bienes materiales y de servicios,
son la naturaleza, la capacidad productiva y el trabajo en sus múltiples
formas, quienes ponen un límite a la cantidad, determinando un conjunto de
costes y de precios que permite, bajo ciertas condiciones, una asignación
eficiente de los recursos disponibles.
Pero en materia monetaria y financiera, las dinámicas son
distintas. En los últimos decenios, han sido los bancos los que han extendido
el crédito, el cual ha generado moneda, lo cual a su vez ha exigido una
ulterior expansión del crédito. El sistema económico ha sido impulsado en tal
modo, hacia una espiral inflacionista que, inevitablemente, ha encontrado un
límite en el riesgo sostenible para los institutos de crédito, sometidos a un
ulterior peligro de quiebra, con consecuencias negativas para todo el sistema
económico y financiero.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías nacionales
progresaron, aunque con enormes sacrificios de millones e incluso de miles de
millones de personas que habían otorgado su confianza con su comportamiento de
productores y empresarios, por un lado, y de ahorradores y consumidores, por el
otro, hasta llegar a un progresivo y regular desarrollo de la moneda y de las
finanzas, en conformidad con las potencialidades de crecimiento real de la
economía.
A partir de los años noventa del pasado siglo, se descubre en
cambio como la moneda y los títulos de crédito a nivel global aumentaron mucho
más rápidamente que la producción del rédito, incluso a precios corrientes. Se
derivó, por consiguiente, en la formación bolsas excesivas de liquidez y
burbujas especulativas que luego se transformaron en crisis de solvencia y de
confianza que se han propagado y subseguido en el transcurso de los años.
Una primera crisis se verificó en los años setenta hasta
principios de los ochenta, debido a los precios del petróleo. Posteriormente se
verificaron una serie de crisis en varios Países en vías de desarrollo. Baste
pensar en la primera crisis de México en los años ochenta, o en las de Brasil,
Rusia y Corea; y luego nuevamente en México en los años noventa, en Tailandia y
en Argentina.
La burbuja especulativa sobre los inmuebles y la reciente crisis
financiera tienen el mismo origen: la excesiva cantidad de moneda y de
instrumentos financieros a nivel global.
Mientras las crisis en los Países en vías de desarrollo, que han
estado a punto de involucrar el sistema monetario y financiero global, han sido
contenidas con formas de intervención por parte de los países más
desarrollados, la crisis que ha estallado en el año 2008, se ha caracterizado
por un elemento decisivo y disruptivo respecto a las precedentes. Se ha
originado en el contexto de Estados Unidos, una de las áreas más relevantes
para la economía y las finanzas mundiales, involucrando la moneda a la que se
remiten todavía la gran mayoría de los intercambios internacionales.
Una orientación de tipo liberal – reticente respecto a las
intervenciones públicas en los mercados – ha propiciado la quiebra de un
importante instituto internacional, imaginando de este modo, delimitar la
crisis y sus efectos. Se ha derivado, desafortunadamente, una propagación de la
desconfianza que ha impulsado a mutar repentinamente de actitud, estimulando
intervenciones públicas de diverso tipo, de enorme alcance (el 20% del producto
nacional) a fin de contener las consecuencias negativas que hubieran afectado
todo el sistema financiero internacional.
Las consecuencias sobre la denominada «economía real», pasando s
través de las graves dificultades de algunos sectores – en primer lugar el de
la construcción – y con la difusión de expectativas desfavorables, han generado
una tendencia negativa de la producción y del comercio internacional, con
graves repercusiones en la ocupación, y con efectos que probablemente aun no
han agotado su alcance. El costo para millones, e incluso miles de millones de
personas, en los Países desarrollados, pero sobre todo también en aquellos en
vías de desarrollo, es inmenso.
En Países y áreas donde se carece todavía de los bienes más
elementales como la salud, la alimentación y la protección contra la
intemperie, más de mil millones de personas se ven obligadas a sobrevivir con
unos ingresos medios de poco más de un dólar diario.
El bienestar económico global, medido en primer lugar por la
producción de renta, y también por la difusión de las capabilities, se ha
acrecentado, en el curso de la segunda mitad del siglo XX, en una medida y con
una rapidez antes jamás experimentado en la historia del género humano.
Pero también han aumentado enormemente las desigualdades en varios
Países y entre ellos. Mientras que algunos Países y áreas económicas, las más
industrializadas y desarrolladas, han visto crecer notablemente la producción
de la renta, otros Países han sido excluidos, de hecho, del progreso
generalizado de la economía, e incluso han empeorado en su situación.
Los peligros de una situación de desarrollo económico, concebido
en términos de liberalismo, han sido denunciados lúcida y proféticamente por
Pablo VI – a causa de las nefastas consecuencias sobre los equilibrios
mundiales y la paz – ya en 1967, después del Concilio Vaticano II, con la
Encíclica Populorum progressio. El Pontífice indicó, como condiciones
imprescindibles para la promoción de un auténtico desarrollo, la defensa de la
vida y la promoción del progreso cultural y moral de las personas. Sobre tales
fundamentos, Pablo VI afirmaba que el desarrollo plenario y planetario «es el
nuevo nombre de la paz».
A cuarenta años de distancia, en el año 2007, el Fondo Monetario
Internacional reconocía, en su Informe anual, la estrecha conexión por una
parte de un proceso de globalización que no ha sido gobernado adecuadamente, y
las fuertes desigualdades a nivel mundial por el otro. Hoy los modernos medios
de comunicación hacen evidentes a todos los pueblos, ricos y pobres, las
desigualdades económicas, sociales y culturales que se han producido a nivel
global, creando tensiones e imponentes movimientos migratorios.
Más aún, se ha de reafirmar que el proceso de globalización, con
sus aspectos positivos está a la base del grande desarrollo de la economía
mundial del siglo XX. Vale la pena recordar que, entre el 1900 y el 2000, la
población mundial casi se cuadruplicó y que la riqueza producida a nivel
mundial creció en modo mucho más rápido de manera que los ingresos medios per
cápita aumentaron fuertemente. A la vez, sin embargo, no ha aumentado la
equitativa distribución de la riqueza; sino que en muchos casos ha empeorado.
¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección
extremadamente problemática incluso para la paz?
Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión.
Se trata de una ideología, de una forma de «apriorismo económico», que pretende
tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas
leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de sus aspectos. Una
ideología económica que establezca a priori las leyes del funcionamiento del
mercado y del desarrollo económico, sin confrontarse con la realidad, corre el
peligro de convertirse en un instrumento subordinado a los intereses de los
Países que ya gozan, de hecho, de una posición de mayores ventajas económicas y
financieras.
Reglas y controles, si bien de manera imperfecta, con frecuencia
están presentes a nivel nacional y regional; sin embargo a nivel internacional,
dichas reglas y controles se realizan y se consolidan con dificultad.
A la base de las disparidades y de las distorsiones del desarrollo
capitalista, se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo
económico, la ideología utilitarista, es decir la impostación teórico-práctica
según la cual «lo que es útil para el individuo conduce al bien de la
comunidad». Es necesario notar que una «máxima» semejante, contiene un fondo de
verdad, pero no se puede ignorar que no siempre lo que es útil individualmente,
aunque sea legítimo, favorece el bien común. En más de una ocasión es necesario
un espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal por el bien de
la comunidad.
En los años veinte del siglo pasado, algunos economistas ya habían
puesto en guardia para que no se diera crédito excesivamente, en ausencia de
reglas y controles, a esas teorías, que hoy se han transformado en ideologías y
praxis dominantes a nivel internacional.
Un efecto devastante de estas ideologías, sobre todo en las
últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años del nuevo siglo, ha
sido la explosión de la crisis, en la que aún se encuentra sumergido el mundo.
Benedicto XVI, en su encíclica social, ha individuado de manera
precisa la raíz de una crisis que no es solamente de naturaleza económica y
financiera, sino antes de todo, es de tipo moral, además de ideológica. La
economía, en efecto – observa el Pontífice – tiene necesidad de la ética para
su correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga
de la persona. El Papa ha denunciado, a continuación, el papel desempeñado por
el utilitarismo y por el individualismo, así como las responsabilidades de
quienes los han asumido y difundido como parámetro para el comportamiento
óptimo de aquellos – operadores económicos y políticos – que actúan e
interactúan en el contexto social. Pero Benedicto XVI ha también descubierto y
denunciado una nueva ideología, la «ideología de la tecnocracia».
2. El rol de la técnica y el desafío ético.
El enorme desarrollo económico y social del siglo pasado,
ciertamente luego con sus luces, pero también con sus graves aspectos de sombra,
se debe, en gran parte, al continuado desarrollo de la técnica y, en las
décadas más recientes, a los progresos de la informática y a sus aplicaciones,
a la economía y, en primer lugar, a las finanzas.
Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión social, es
necesario evitar el error, hijo también de la ideología neoliberal, de
considerar que los problemas por afrontar son de orden exclusivamente técnico.
En cuanto tales, escaparían a la necesidad de un discernimiento y de una
valoración de tipo ético. Pues bien, la encíclica de Benedicto XVI pone en
guardia contra los peligros de la ideología de la tecnocracia, es decir de
aquella absolutización de la técnica que «tiende a producir una incapacidad de
percibir todo aquello que no se explica con la pura materia» y a minimizar el
valor de las decisiones del individuo humano concreto que actúa en el sistema
económico-financiero, reduciéndolas a meras variables técnicas. La cerrazón a
un «más allá», comprendido como algo más, respecto a la técnica, no sólo hace
imposible el encontrar soluciones adecuadas para los problemas, sino que
empobrece cada vez más, a nivel material y moral, a las principales víctimas de
la crisis.
También en el contexto de la complejidad de los fenómenos, la
relevancia de los factores éticos y culturales no puede, por lo tanto ser
desatendida ni subestimada. La crisis, en efecto, ha revelado comportamientos
de egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento de los bienes a grande
escala. Nadie puede resignarse a ver al hombre vivir como «un lobo para el otro
hombre», según la concepción evidenciada por Hobbes. Nadie, en conciencia,
puede aceptar el desarrollo de algunos Países en perjuicio de otros. Si no se
pone remedio a las diversas formas de injusticia, los efectos negativos que se
producirán a nivel social, político y económico estarán destinados a originar
un clima de hostilidad creciente, e incluso de violencia, hasta minar las bases
mismas de las instituciones democráticas, aún de aquellas consideradas más
sólidas.
Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al del
tener, de la ética respecto a la economía, los pueblos de la tierra deberían
asumir, como alma de su acción, una ética de la solidaridad, abandonando toda
forma de mezquino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial que
trasciende el mero interés contingente y particular. Deberían, en fin de
cuentas, mantener vivo el sentido de pertenencia a la familia humana en nombre
de la común dignidad de todos los seres humanos: «por encima de la lógica de
los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo
que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad».
Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxista, el
Beato Juan Pablo II había puesto en guardia contra el peligro de «una idolatría
del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son
ni pueden ser simples mercancías». Es preciso, hoy sin demora acoger su
amonestación y tomar un camino más en sintonía con la dignidad y con la
vocación trascendente de la persona y de la familia humana.
3. El gobierno de la globalización.
En el camino hacia la construcción de una familia humana más
fraterna y más justa y, aún antes, de un nuevo humanismo abierto a la trascendencia,
se presenta particularmente actual la enseñanza del Beato Juan XXIII. En la
profética Carta encíclica Pacem in terris del 1963, él advertía ya que el mundo
se estaba dirigiendo hacia una unificación cada vez mayor. Tomaba pues
conciencia, del hecho que en la comunidad humana, había disminuido la
correspondencia entre la organización política a nivel mundial y las exigencias
objetivas del bien común universal. Por consiguiente, auguraba fuera creada un
día, una «Autoridad pública mundial».
Ante la unificación del mundo, propiciada por el complejo fenómeno
de la globalización; ante la importancia de garantizar, además de los otros
bienes colectivos, el bien representado por un sistema económico-financiero
mundial libre, estable y al servicio de la economía real, la enseñanza de la
Pacem in terris se presenta, hoy en día, aún más vital y digna de urgente
concretización.
El mismo Benedicto XVI, en el surco trazado por la Pacem in
terris, ha expresado la necesidad de constituir una Autoridad política mundial.
Dicha necesidad se presenta además evidente, si se piensa que la agenda de
cuestiones a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia. Piénsese, por
ejemplo, en la paz y la seguridad; en el desarme y el control de armamentos; en
la promoción y la tutela de los derechos humanos fundamentales; en el gobierno
de la economía y en las políticas de desarrollo; en la gestión de los flujos
migratorios y en la seguridad alimentaria; en la tutela del medio ambiente. En
todos esos campos, resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia
entre los Estados y las regiones del mundo, y la necesidad de respuestas, no
sólo sectoriales y aisladas, sino sistemáticas e integradas, inspiradas por la
solidaridad y por la subsidiaridad, y orientadas hacia el bien común universal.
Como lo recuerda Benedicto XVI, si no se sigue ese camino, también
«el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los
diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios
de poder entre los más fuertes».
La finalidad de la Autoridad pública, recordaba ya Juan XXIII en
la Pacem in terris, es, ante todo, la de servir al bien común. Dicha Autoridad,
por tanto, debe dotarse de estructuras y mecanismos adecuados, eficaces, es
decir, a la altura de la propia misión y de las expectativas que en ella se
ponen. Esto es particularmente verdadero al interno de un mundo globalizado,
que hace a las personas y a los pueblos permanecer cada vez más interconectados
e interdependientes, pero que muestra también el peso del egoísmo y de los
intereses sectoriales, entre los cuales la existencia de mercados monetarios y
financieros de carácter prevalentemente especulativo, perjudiciales para la
«economía real», en especial de los Países más débiles.
Es este un proceso complejo y delicado. Tal Autoridad
supranacional debe, en efecto, poseer una impostación realista y ha de ponerse
en práctica gradualmente, para favorecer también la existencia de sistemas
monetarios y financieros eficientes y eficaces, es decir, mercados libres y
estables, disciplinados por un marco jurídico adecuado, funcionales en orden al
desarrollo sostenible y al progreso social de todos, e inspirados por los
valores de la caridad y de la verdad. Se trata de una Autoridad con un horizonte
planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería ser la
expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de las exigencias
permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de coerciones o de
violencias. Debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las
conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de las crecientes
responsabilidades. No pueden, en consecuencia, ser desatendidos considerandos
superfluos, elementos como la confianza recíproca, la autonomía y la
participación. El consenso debe involucrar, un número cada vez mayor de Países
que se adhieren por convicción, mediante ese diálogo sincero que no margina,
sino más aún que valora las opiniones minoritarias. La Autoridad mundial
debería, pues, involucrar coherentemente a todos los pueblos en una
colaboración a la que están llamados a contribuir con el patrimonio de sus
propias virtudes y civilizaciones.
La constitución de una Autoridad política mundial debería estar
precedida por una fase preliminar de concertación, de la que emergerá una
institución legitimada, capaz de proporcionar una guía eficaz y, al mismo
tiempo, de permitir que cada País exprese y procure el propio bien particular.
El ejercicio de una Autoridad semejante, puesta al servicio del bien de todos y
de cada uno, será necesariamente super partes, es decir, por encima de toda
visión parcial y de todo bien particular, en vistas a la realización del bien
común. Sus decisiones no deberán ser el resultado del pre-poder de los Países
más desarrollados sobre los Países más débiles. Deberán, en cambio, ser
asumidas que asumirlas, en el interés de todos y no sólo en ventaja de algunos
grupos formados por lobbies privadas o por Gobiernos nacionales.
Una institución supranacional, expresión de una «comunidad de las
Naciones», no podrá por otra parte, durar por mucho tiempo, si las diversidades
de los Países, a nivel de las culturas, de los recursos materiales e
inmateriales, y de las condiciones históricas y geográficas, no son reconocidas
y plenamente respetadas. La ausencia de un consenso convencido, alimentado por
una incesante comunión moral de la comunidad mundial, debilitaría la eficacia
de la correspondiente Autoridad.
Lo que vale a nivel nacional vale también a nivel mundial. La persona
no está hecha para servir incondicionalmente a la Autoridad, cuya tarea es la
de ponerse al servicio de la persona misma, en coherencia con el valor
preeminente de la dignidad del ser humano. Del mismo modo, los Gobiernos no
deben servir incondicionalmente a la Autoridad mundial. Esta última, ante todo
debe ponerse al servicio de los diversos Países miembros, de acuerdo al
principio de subsidiaridad, creando, entre otras, las condiciones
socioeconómicas, políticas y jurídicas indispensables también para la
existencia de mercados eficientes y eficaces, que no estén hiperprotegidos por
políticas nacionales paternalistas, ni debilitados por déficit sistemáticos de
las finanzas públicas y de los Productos nacionales que, de hecho, impiden a
los mercados operar en un contexto mundial como instituciones abiertas y
competitivas.
En la tradición del Magisterio de la Iglesia, retomada con vigor
por Benedicto XVI, el principio de subsidiaridad debe regular las relaciones
entre el Estado y las comunidades locales, entre las Instituciones públicas y
las Instituciones privadas, sin excluir aquellas monetarias y financieras. Así,
en un nivel ulterior, debe regir las relaciones entre una eventual, futura
Autoridad pública mundial y las instituciones regionales y nacionales. Tal
principio es en garantía tanto la legitimidad democrática, como la eficacia de
las decisiones de quienes están llamados a tomarlas. Permite respetar la
libertad de las personas y de las comunidades de personas y, al mismo tiempo,
responsabilizarlas respecto de los objetivos y de los deberes que les competen.
Según la lógica de la subsidiaridad, la Autoridad superior ofrece
su subsidium, es decir su ayuda, cuando la persona y los actores sociales y
financieros son intrínsecamente inadecuados o no logran hacer por sí mismos lo
que les es requerido. Gracias al principio de solidaridad, se construye una
relación durable y fecunda entre la sociedad civil planetaria y una Autoridad
pública mundial, cuando los Estados, los cuerpos intermedios, las diversas
sociedades – incluidas aquellas económicas y financieras – y los ciudadanos
toman las decisiones dentro de la prospectiva del bien común mundial, que
trasciende el nacional.
«El gobierno de la globalización» - se lee en la Caritas in
veritate - «debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y
planos diversos, que colaboren recíprocamente». Sólo así se puede evitar el
riesgo del aislamiento burocrático de la Autoridad central, que correría el
peligro de la deslegitimación de una separación demasiado grande de las
realidades sobre las cuales se funda, y podría fácilmente caer en tentaciones
paternalistas, tecnocráticas, o hegemónicas.
Sin embargo permanece aún un largo camino por recorrer antes de
llegar a la constitución de una tal Autoridad pública con competencia
universal. La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase
teniendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en
razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, de su capacidad de reunir
las Naciones de la tierra, y de la diversidad de sus propias tareas y de las de
sus Agencias especializadas. El fruto de tales reformas debería ser una mayor
capacidad de adopción de políticas y opciones vinculantes, por estar orientadas
a la realización del bien común a nivel local, regional y mundial. Entre las
políticas aparecen como más urgentes aquellas relativas a la justicia social
global: políticas financieras y monetarias que no dañen los Países más débiles;
políticas dirigida a la realización de mercados libres y estables y una
distribución ecua de la riqueza mundial incluso mediante formas inéditas de
solidaridad fiscal global, de la cual se referirá más adelante.
En el proceso de la constitución de una Autoridad política mundial
no se pueden desvincular las cuestiones de governance (es decir, de un sistema
de simple coordinación horizontal sin una Autoridad super partes), de aquellas
de un shared government (es decir de un sistema que, además de la coordinación
horizontal, establezca una Autoridad super partes) funcional y proporcionado al
gradual desarrollo de una sociedad política mundial. La constitución de una
Autoridad política mundial no podrá ser lograda sin una práctica previa de
multilateralismo, no sólo a nivel diplomático, sino también y principalmente en
el ámbito de los programas para el desarrollo sostenible y para la paz. No se
puede llegar a un Gobierno mundial si no es dando una expresión política a
interdependencias y cooperaciones preexistentes.
4. Hacia una reforma del sistema financiero y monetario
internacional que responda a las exigencias de todos los Pueblos.
En materia económica y financiera, las dificultades más relevantes
se derivan de la carencia de un eficaz conjunto de estructuras capaces de
garantizar, además de un sistema de governance, un sistema de government de la
economía y de las finanzas internacionales.
¿Qué se puede decir de esta prospectiva? ¿Cuáles son los pasos que
se deben desarrollar concretamente?
Con referencia al actual sistema económico y financiero mundial,
se deben subrayar dos elementos determinantes: el primero es la gradual
disminución de la eficiencia de las instituciones de Bretton Woods, desde los
inicios de los años Setenta. En particular, el Fondo Monetario Internacional ha
perdido un carácter esencial para la estabilidad de las finanzas mundiales, es
decir, el de reglamentar la creación global de moneda y de velar sobre el monto
de riesgo del crédito asumido por el sistema. En definitiva, ya no se dispone
más de ese «bien público universal» que es la estabilidad del sistema monetario
mundial.
El segundo factor es la necesidad de un corpus mínimo compartido
de reglas necesarias para la gestión del mercado financiero global, que ha
crecido mucho más rápidamente que la «economía real» habiéndose velozmente
desarrollado, por efecto de un lado, de la abrogación generalizada de los
controles sobre los movimientos de capitales y de la tendencia a la
desreglamentación de las actividades bancarias y financieras; y, por el otro,
con los progresos de la técnica financiera favorecidos por los instrumentos
informáticos.
En el plano estructural, en la última parte del siglo anterior, la
moneda y las actividades financieras a nivel global crecieron mucho más
rápidamente que las producciones de bienes y servicios. En dicho contexto, la
cualidad del crédito ha tendido a disminuir, hasta exponer a los institutos de
crédito a un riesgo mayor de aquel razonablemente sostenible. Baste observar lo
acaecido a los grandes y pequeños institutos de crédito en el contexto de las
crisis que se manifestaron en los años ochenta y noventa del siglo anterior y,
en fin, en la crisis de 2008.
Aún en la última parte del siglo anterior, se desarrolló la
tendencia a definir las orientaciones estratégicas de la política económica y
financiera al interno de clubes y de grupos más o menos amplios de los Países
más desarrollados. Sin negar los aspectos positivos de este enfoque, no se
puede dejar de notar que así, no parece respetarse plenamente el principio
representativo, en particular de los Países menos desarrollados o emergentes.
La necesidad de tener en cuenta la voz de un mayor número de
Países ha conducido, por ejemplo, a la ampliación de dichos grupos, pasando así
del G7 al G20. Ha sido, ésta, una evolución positiva, en cuanto ha consentido
involucrar, en las orientaciones para la economía y las finanzas globales, la
responsabilidad de Países con una población más elevada, en vías de desarrollo
y emergentes.
En el ámbito del G20 pueden, por lo tanto, madurar directrices
concretas que, oportunamente elaboradas en las apropiadas sedes técnicas,
podrán orientar los órganos competentes a nivel nacional y regional en la
consolidación de las instituciones existentes y en la creación de nuevas
instituciones con apropiados y eficaces instrumentos a nivel internacional.
Los líderes mismos del G20 afirman en la Declaración final de
Pittsburgh de 2009 que «la crisis económica demuestra la importancia de
comenzar una nueva era de la economía global basada en la responsabilidad». A
fin de hacer frente a la crisis y abrir una nueva era «de la responsabilidad»,
además de las medidas de tipo técnico y de corto plazo, los leaders proponen
una «reforma de la arquitectura global para afrontar las exigencias del siglo
XXI»; y por tanto además «un marco que permita definir las políticas y las
medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo global sólido,
sostenible y equilibrado».
Es preciso por tanto, dar inicio a un proceso de profunda
reflexión y de reformas, recorriendo vías creativas y realistas, que tiendan a
valorizar los aspectos positivos de las instituciones y de los fora ya
existentes.
Una atención específica debería reservarse a la reforma del
sistema monetario internacional y, en particular, al empeño para dar vida a una
cierta forma de control monetario global, desde luego ya implícita en los
Estudios del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que, en cierta medida,
esto equivale a poner en discusión los sistemas de cambio existentes, para
encontrar modos eficaces de coordinación y supervisión. Se trata de un proceso
que debe involucrar también a los Países emergentes y en vías de desarrollo, al
momento de definir las etapas de adaptación gradual de los instrumentos
existentes.
En el fondo se delinea, en prospectiva, la exigencia de un
organismo que desarrolle las funciones de una especie de «Banco central
mundial» que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios, con
el mismo criterio que los Bancos centrales nacionales. Es necesario redescubrir
la lógica de fondo, de paz, coordinación y prosperidad común, que portaron a
los Acuerdos de Bretton Woods, para proveer respuestas adecuadas a las
cuestiones actuales. A nivel regional, dicho proceso podría realizarse con
valorización de las instituciones existentes como, por ejemplo, el Banco
Central Europeo. Esto requeriría, sin embargo, no sólo una reflexión a nivel
económico y financiero, sino también y ante todo, a nivel político, con miras a
la constitución de instituciones públicas correspondientes que garanticen la
unidad y la coherencia de las decisiones comunes.
Estas medidas se deberían ser concebidas como unos de los primeros
pasos en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal;
como una primera etapa de un más amplio esfuerzo de la comunidad mundial por
orientar sus instituciones hacia la realización del bien común. Deberán seguir
otras etapas, teniendo en cuenta que las dinámicas que conocemos pueden
acentuarse, pero también acompañarse de cambios que hoy día sería en vano tratar
de prever.
En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de lo
espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política – responsable
del bien común – sobre la economía y las finanzas. Es necesario volver a llevar
estas últimas al interno de los confines de su real vocación y de su función,
incluida aquella social, en vista de sus evidentes responsabilidades hacia la
sociedad, para dar vida a mercados e instituciones financieras que estén
efectivamente al servicio de la persona, es decir, que sean capaces de
responder a las exigencias del bien común y de la fraternidad universal,
trascendiendo toda forma de monótono economicismo y de mercantilismo
performativo.
En la base de dicho enfoque de tipo ético, parece pues, oportuno
reflexionar, por ejemplo,
a) sobre medidas de imposición fiscal a las transacciones
financieras, mediante alícuotas equitativas, pero moduladas con gastos
proporcionados a la complejidad de las operaciones, sobre todo de las que se
realizan en el mercado «secundario». Dicha imposición sería muy útil para
promover el desarrollo global y sostenible, según los principios de la justicia
social y de la solidaridad; y podría contribuir a la constitución de una
reserva mundial de apoyo a los Países afectados por la crisis, así como al
saneamiento de su sistema monetario y financiero;
b) sobre formas de recapitalización de los bancos, incluso con
fondos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos «virtuosos» y
finalizados a desarrollar la «economía real»;
c) sobre la definición de ámbito de actividad del crédito
ordinario y del Investment Banking. Tal distinción permitiría una disciplina
más eficaz de los «mercados paralelos» privados de controles y de límites.
Un sano realismo requeriría el tiempo necesario para construir
amplios consensos, pero el horizonte del bien común universal está siempre
presente con sus exigencias ineludibles. Es deseable, por consiguiente, que
todos los que, en las Universidades y en los diversos Institutos, llamados a
formar las clases dirigentes del mañana, es deseable se dediquen a prepararlas
para asumir sus propias responsabilidades de discernir y de servir al bien
público global, en un mundo que cambia constantemente. Es necesario resolver la
divergencia entre la formación ética y la preparación técnica, evidenciando en
modo particular la ineludible sinergia entre los campos de la praxis y de la
poiésis.
El mismo esfuerzo es requerido a todos los que están en grado de
iluminar la opinión pública mundial, para ayudarla a afrontar este mundo nuevo
no ya en la angustia, sino en la esperanza y en la solidaridad.
Conclusiones
En medio de las incertezas actuales, en una sociedad capaz de
movilizar medios ingentes, pero cuya reflexión en el campo cultural y moral
permanece inadecuada respecto a su utilización en orden a la obtención de fines
apropiados, estamos llamados a no rendirnos, y a construir sobre todo, un
futuro que tenga sentido para las generaciones venideras. No se ha de temer el
proponer cosas nuevas, aunque puedan desestabilizar equilibrios de fuerza
preexistentes que dominan a los más débiles. Son una semilla que se arroja en
la tierra, que germinará y no tardará en dar frutos.
Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y
operadores, en todos los niveles – social, político, económico y profesional –
motivados por el valor de servir y promover el bien común mediante una vida
buena. Sólo ellos lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de las
cosas, percibiendo el desvarío entre lo real existente y lo posible nunca antes
experimentado.
Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la «imaginación
prospectiva», capaz de percibir en el presente las posibilidades inscritas en
él y de orientar a los seres humanos hacia un futuro nuevo. Liberando la
imaginación, la persona humana libera su propia existencia. A través de un
compromiso de imaginación comunitaria es posible transformar, no sólo las
instituciones, sino también los estilos de vida, y suscitar un futuro mejor
para todos los pueblos.
Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se han
transformado en conjuntos estructurados, concentrando la soberanía al interior
del propio territorio. Sin embargo las condiciones sociales, culturales y
políticas han mutado progresivamente. Ha aumentado su interdependencia – hasta
llegar a ser natural el pensar en una comunidad internacional integrada y
regida cada vez más por un ordenamiento compartido – pero no ha desaparecido
una forma deteriorada de nacionalismo, según el cual el Estado considera poder
conseguir de modo autárquico, el bien de sus propios ciudadanos.
Hoy, todo eso parece surreal y anacrónico. Hoy, todas las
naciones, pequeñas o grandes, junto con sus Gobiernos, están llamadas a superar
dicho «estado de naturaleza» que ve a los Estados en perenne lucha entre sí. No
obstante de algunos aspectos negativos, la globalización está unificando en
mayor medida a los pueblos, impulsándolos a dirigirse hacia un nuevo «estado de
derecho» a nivel supranacional, apoyado por una colaboración más intensa y fecunda.
Con una dinámica análoga a la que en el pasado ha puesto fin a la lucha
«anárquica», entre clanes y reinos rivales, en orden a la constitución de
Estados nacionales, la humanidad hoy, tiene que comprometerse en la transición
de una situación de luchas arcaicas entre entidades nacionales, hacia un nuevo
modelo de sociedad internacional con mayor cohesión, poliárquica, respetuosa de
la identidad de cada pueblo, dentro de las múltiples riquezas de una única
humanidad. Este pasaje, que por lo demás tímidamente ya se está en curso,
aseguraría a los ciudadanos de todos los Países – cualquiera que sea la
dimensión o la fuerza que posee – paz y seguridad, desarrollo, libres mercados,
estables y transparentes. «Así como dentro de cada Estado [...] el sistema de
la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la
ley – advierte Juan Pablo II – «así también es urgente ahora que semejante
progreso tenga lugar en la Comunidad internacional».
Los tiempos para concebir instituciones con competencia universal
llegan cuando están en juego bienes vitales y compartidos por toda la familia
humana, que los Estados, individualmente, no son capaces de promover y proteger
por sí solos.
Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un
orden internacional «westphaliano», en el que los Estados perciben la exigencia
de la cooperación, pero no asumen la oportunidad de una integración de las
respectivas soberanías para el bien común de los pueblos.
Es tarea de las generaciones presentes reconocer y aceptar
conscientemente esta nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien
común universal. Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de una
transferencia gradual y equilibrada de una parte de las competencias nacionales
a una Autoridad mundial y a las Autoridades regionales, pero esto es necesario
en un momento en el cual el dinamismo de la sociedad humana y de la economía, y
el progreso de la tecnología trascienden las fronteras, que en el mundo
globalizado, de hecho están ya erosionadas.
La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas
instituciones con vocación y competencia universales, son una prerrogativa y un
deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien común de la
humanidad, y el futuro mismo.
En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del
Espíritu a comprometerse con decisión y generosidad, para que las múltiples
dinámicas en acto, se dirijan las hacia prospectivas de la fraternidad y del
bien común. Se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de
los pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del Concilio Vaticano
II, se trata de una misión al mismo tiempo social y espiritual que, «en cuanto
puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al
reino de Dios».
En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una
Autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas
realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana. No ha
de ser olvidado, sin embargo, que esta paso, dada la naturaleza herida de los
seres humanos, no se realiza sin angustias y sufrimientos.
La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11,1-9)
advierte cómo la «diversidad» de los pueblos puede transformarse en vehículo de
egoísmo e instrumento de división. En la humanidad está muy presente el riesgo
de que los pueblos terminen por no comprenderse más y que las diversidades
culturales sean motivo de contraposiciones insanables. La imagen de la Torre de
Babel también nos señala que es necesario preservarse de una «unidad» sólo
aparente, en la que no cesan los egoísmos y las divisiones, porque los
fundamentos de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel es la imagen
de lo que los pueblos y los individuos pueden llegar a ser cuando no reconocen
su intrínseca dignidad trascendente y su fraternidad.
El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés
(Hechos 2, 1-12), del designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la
unidad en la diversidad. Sólo un espíritu de concordia, que supere las
divisiones y los conflictos, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una
única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una
Autoridad pública mundial, al servicio del bien común.
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