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POR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS y JUAN FERNÁNDEZ -CUESTA
—¿Cuál es la razón de que se celebre este acto en defensa de la familia?
—Se podría hablar de una razón que tiene que ver
con la situación histórica por la que atraviesa la familia y otra razón de
fondo, que tiene que ver con la misión de la Iglesia en relación con la
familia.
Con respecto a la primera, hay que hablar de una situación de la familia,
no sólo en España sino también en Europa, que se caracteriza por una confusión
creciente a la hora de concebirla, por una relativización de sus contenidos
morales y de su significado. Hay otra situación, determinada por los efectos de
la crisis familiar y del matrimonio, en el que nace la familia. Es evidente en
una sociedad donde el número de divorcios se ha disparado de tal manera que
casi supera a los matrimonios, y en donde la relación matrimonio y vida,
matrimonio y descendencia, ha quedado cortada. Así, se ha creado una situación
especialmente grave, que desde un punto de vista pastoral nos obliga a hacer
una proclamación pública, con la palabra, con la vida, con el testimonio de los
matrimonios cristianos.
—¿Es un acto de afirmación de la familia o de protesta ante esa situación?
—Es un acto de penetración positiva y pública de la realidad del matrimonio
cristiano en España. En su inmensa mayoría son matrimonios y familias que viven
esa condición tan fundamental para su vida cristiana, y la viven como el marco
que da sentido a su vida, que les permite vivirla con esperanza y con gozo.
—En esta legislatura se ha aprobado la ley de matrimonios homosexuales, la
introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la modificación
de la ley del divorcio para facilitar la ruptura matrimonial. ¿Se trata hoy de
un acto de carácter político?
—Es un acto de manifestación de la Iglesia, de lo más propio que tiene en
su ser y en el ejercicio de su misión: la acogida de la palabra de Dios. Y un
tema que forma parte integrante del Evangelio, que es el matrimonio y la
familia, realidades que tienen que ver con el orden jurídico y por tanto con el
marco de la vida política. Nuestro acto es de proclamación del Evangelio de la
familia. ¿Que eso tiene repercusiones en otros órdenes de la vida de las
personas? Sí, pero lo que nosotros intentamos es llevar al corazón y a la
conciencia de las personas y de la sociedad el valor permanente del matrimonio
y de la familia.
—Se deduce que es un acto con vocación transversal, que supera los límites de la
izquierda y de la derecha.
—Cuando la Iglesia proclama el Evangelio, lo proclama universalmente y no
se preocupa mucho si uno es de izquierdas o de derechas. Son categorías
políticas que no se adecuan a la hora de definir o valorar una acción pastoral
de la Iglesia.
—¿En qué modo cree que incide el llamado matrimonio homosexual sobre la
familia?
—Incide en la valoración pública y en la estima o el conocimiento de lo que
de verdad es familia. Y eso tiene repercusiones pedagógicas con respecto a las
generaciones jóvenes y a la sociedad en general. Se puede perder poco a poco la
convicción de que la familia es vital para el bien común, para la subsistencia
de la sociedad. Esa función no es asumible por otro tipo de uniones y tampoco
desde el punto de vista de las experiencias morales y espirituales. La persona
necesita desde sus primeros años de la experiencia de amor que viene del padre
y de la madre, lo necesita incluso hasta por razones físicas. En la historia
actual de la pediatría, de la psicología infantil, es conocido que niños que
han perdido la experiencia de la unidad del matrimonio, del padre y la madre
juntos, sufren tremendamente. Ese fenómeno humano, espiritual, moral de la
familia no puede ser desvirtuado con equiparaciones que niegan esa misma
realidad.
—La llamada ley del divorcio exprés ha sido criticada particularmente por la
Iglesia, pero también por otros colectivos. ¿Es esa norma otro de los motivos
de desazón?
—Es un factor que está favoreciendo las rupturas matrimoniales, un fenómeno
extraordinariamente negativo. Si el ordenamiento jurídico del Estado no apoya
la estabilidad y facilita la ruptura de la asunción de responsabilidades
mutuas, reduce el significado del vínculo matrimonial a que uno de los esposos
diga que ya está harto, y además pueda romper ese vínculo a los tres meses de
haberse producido. Se está convirtiendo en un factor enormemente negativo para
el bien de las personas, de las familias y también para el bien común.
—La asignatura de Educación para la Ciudadanía está influyendo sobre la
libertad educativa de los padres, que es un derecho constitucional. ¿Cree que
hay posibilidades todavía de llegar a un acuerdo con el Gobierno?
—La asignatura, tal y como se ha desarrollado, evidentemente entra en
relación intrínseca con el significado, la programación y los fines de la clase
de Religión católica y de otras religiones. Se crea, indirectamente, un
problema: la relación de esta formación y de sus contenidos con el derecho de
los padres a educar a sus hijos, con la formación moral y religiosa que quieren
para sus hijos. Es evidente que una asignatura que se refiere a estas materias
va en contra de ese derecho.
—La vía de la objeción de conciencia no ha tenido resultados satisfactorios...
—Hay que tener en cuenta un dato, y es que en una serie de comunidades muy
importantes, como Madrid y Valencia, no se ha implantado aún la asignatura. Hay
que esperar.
—¿Considera razonable y asumible la postura de la Federación Española de
Religiosos de la Enseñanza (FERE) de aceptar e impartir la asignatura?
—Creo que la FERE debe facilitar el derecho de los padres a la objeción de
conciencia, y no me vale la argumentación de que «nosotros vamos a dar
Educación para la Ciudadanía con una guía que limite la carga ideológica
laicista de los temas». Porque lo que entonces admite la FERE es que se imponga
en sus colegios una asignatura obligatoria que va en contra de un principio
fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Se puede decir, «vamos a
neutralizar los efectos negativos de la enseñanza de esta materia, se puede
conseguir así...». Pero es que, aun sin quererlo y pretenderlo, se tolera como
éticamente admisible y aceptable un hecho pedagógico y académico que
implícitamente lleva consigo la negación del derecho de los padres a la educación
moral de sus hijos.
—¿Sería una vía más factible los recursos contencioso administrativos?
—Es posiblemente la vía más eficaz, pero una no excluye a la otra. Yo creo
que hay dejar a los padres que elijan los caminos que ellos en conciencia creen
que deben seguir para proteger su derecho, que Juan Pablo II calificaba de
primario e insustituible. Y para ello contarán con la ayuda de la Iglesia, y de
sus obispos y sus sacerdotes, de toda la comunidad cristiana, porque si hay
algún tema en la vida social donde los pastores de la Iglesia tienen la
obligación de actuar con su palabra y de usar su magisterio y todos los
instrumentos de actuación de acuerdo con el Evangelio, es en esas situaciones
donde se recortan o limitan los derechos fundamentales.
—Estamos conociendo algunos datos sobre abortos manifiestamente ilegales, que
han hecho rebrotar un debate social muy importante. ¿Qué opinión le merece a la
Iglesia esta situación?
—Cuando empieza la discusión pública del llamado derecho a abortar por
parte de la mujer, la Iglesia reafirma la inviolabilidad del derecho a la vida
de todo ser humano, desde que nace hasta que muere. Si hay una época en la que
científicamente pueda decirse con mucho más fundamento que en otros tiempos que
el embrión (que es un quién ya definido genéticamente) lleva consigo el
principio espiritual que le sostiene y le va a sostener en todo su desarrollo,
es la actual. Antes no se podía decir, no se sabía.
La persona, en los estadios sucesivos de su desarrollo biológico, dentro y fuera
del vientre de su madre, va a ser lo que es. Por tanto, ¿quién es nadie para
decidir sobre el derecho a la vida del embrión, sobre el derecho a la vida del
hombre en cualquier fase de su vida? Don Julián Marías decía que si eso se hace
depender del ejercicio de la conciencia de la persona, se abre la puerta a
atrocidades que, por cierto, se han dado en la historia. Y se están dando
ahora.
—Las ayudas a las familias se han incrementado en los últimos años, y también
en esta legislatura, ¿se pueden considerar suficientes?
—No. Son radicalmente insuficientes. Una familia tiene que sacar adelante
gastos de todo tipo, la educación de sus hijos… y que todo ese trabajo no tenga
ninguna valoración económica como tal y ningún reconocimiento jurídico fiscal
claro y neto, es una injusticia radical. La gran perdedora, el gran sujeto de
las injusticias de las sociedades actuales y de sus ordenamientos jurídicos y
económicos, es la familia. Es la gran sacrificada, la gran explotada de la
sociedad actual.
—¿Lo dice con carácter general, no solamente referido a España?
—Lo digo referido a toda Europa, porque efectivamente hay países donde la
familia recibe un mejor trato, pero ese dato sigue siendo inamovible. Parece lo
más normal que al padre o la madre, si no trabaja y se queda en casa dedicando
su tiempo a los hijos, eso no se le pague. Se dice, «hombre, yo no lo hago
porque me paguen». Y es evidente, no se hace porque te paguen, pero no puede
ser que la sociedad valore eso como si no costase nada. Más que la gran explotada,
la familia es la gran víctima del actual ordenamiento jurídico y económico de
las sociedades europeas.
—¿La Conferencia Episcopal respalda y participa en este acto de las familias?
—No ha habido ninguna actuación específica con respecto a su participación
en este acto, pero hemos hablado entre nosotros, y dentro ya del contexto del
Comité Ejecutivo, que se reúne una vez al mes, su acogida y disponibilidad para
ayudar en todo lo que sea la organización del acto es clara. Además,
participarán muchos obispos españoles y todos los cardenales, físicamente
presentes casi todos. Y estará el presidente de la Conferencia Episcopal. Hay
muy buena colaboración.
—¿Esperan ustedes adhesiones y presencia de organizaciones políticas en el
acto?
—No.
—¿Ni concretamente del Partido Popular?
—Nosotros sólo hemos invitado a los fieles católicos y a sus
organizaciones. Todos los que vienen tendrán alguna opinión política, me
figuro, y si los políticos en activo son católicos y se sienten católicos, pues
está muy bien que vengan, sean del partido que sean.
—El acogimiento del Papa ha sido particularmente caluroso.
—Sí. Tanto que nos va a dedicar su alocución del Ángelus, y lo hará en
español. Hemos recibido de él ánimo para celebrar el encuentro. Humildemente,
pretendemos ofrecerle una actuación de la Iglesia en España que pueda ayudar a
la Iglesia católica en otros lugares.
—Juan Pablo II, en 1982, marcó el camino de apoyo a las familias en nuestro
país. En esa época existieron dos grandes personajes de la Iglesia de la
Transición. Monseñor Tarancón, del que se cumple el centenario de su
nacimiento, y otra figura que quizá ha quedado más oscurecida, Don Marcelo
González. ¿Cómo se proyectan ambos en la Iglesia de hoy?
—Don Vicente es el que encauza el nuevo marco de relaciones de la Iglesia
católica con el Estado, con el Gobierno, con la sociedad, también con las
nuevas corrientes culturales. Su actuación estuvo llena de tacto histórico, de
finura eclesial y por tanto de aciertos. Don Marcelo estuvo más en un segundo
lugar del escenario, pero muy importante. Fue el responsable de la vida interna
de la Iglesia en España, del cultivo y el cuidado de sus valores
teológico-espirituales, de su revitalización interior. Fue decisivo también a
la hora de alumbrar el nuevo capítulo de las vocaciones en España en esos años.
—Ambos están muy vinculados a la llamada memoria histórica, que a la Iglesia le
concierne desde el punto de vista estrictamente normativo (Valle de los Caídos)
y de demanda política. Concretamente, se le demanda una petición de perdón por
una trayectoria histórica anterior a la Democracia. ¿Qué le suscitan estos
planteamientos?
—Primero, la ley de memoria histórica no era necesaria. Segundo, la
previsión referente al Valle de los Caídos salva la libertad de la presencia de
la Iglesia en la basílica y en la abadía de la Santa Cruz. Esto es muy
importante, hay que agradecerlo, y si es una regulación definitiva para el
futuro, creo que es buena porque hay que despolitizar el lugar, la abadía y la
iglesia. Allí se va a rezar por todos los que se encuentran en ese sitio
sepultados y se hará para que la reconciliación de los españoles no sea un
episodio más o menos largo, sino definitivo. Lo que sí hace esta ley es
pretender recuperar la historia de la vida, lo que no es propio de una
actuación legislativa. Y en España todavía con mayor razón, porque una guerra
civil es siempre un episodio tremendamente doloroso, que divide, y tienen que
pasar tres o cuatro generaciones para no correr el peligro de abrir heridas que
estaban cerradas.
—¿Estaban esas heridas cerradas?
—Las heridas, y pertenezco a la generación de la Transición política,
estaban cerradas. Y en eso habíamos colaborado casi todos. La inmensa mayoría
de la sociedad española. Esa ley no era necesaria. Y existe un dato, creo yo,
que es irrefutable: ha habido persecución religiosa. Una persecución religiosa
muy cruel. Con unos antecedentes: mayo de 1931, quema de iglesias en Madrid y
en otras ciudades de España; al finalizar ese año, aprobación de una Constitución
con un artículo que recorta gravemente el derecho a la libertad religiosa, y
otros donde se incide en la presencia y la actuación de la Iglesia en una
sociedad libre, y que después es desarrollada con leyes ordinarias como la de
la expulsión de la Compañía de Jesús y la incautación de sus bienes, la
prohibición de la actividad de todas las órdenes religiosas en el ámbito de la
enseñanza y en otros; amplias restricciones con respecto al ejercicio del culto
público... No se pueden olvidar esos datos. Los católicos, la jerarquía, la
Santa Sede, a pesar de todo, fueron leales a la autoridad legítimamente
constituida, buscaron la fórmula jurídica de convivencia y no tuvieron nada que
ver con el comienzo de la Guerra Civil. Son datos que no creo que sean discutibles. ABC
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