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Por José Sánchez
González, obispo de Sigüenza-Guadalajara
Queridos
diocesanos:
Ante la
publicación de algunos casos de abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes,
en diversos países, el Santo Padre Benedicto XVI envió el pasado 19 de Marzo
una Carta Apostólica a los católicos de
Irlanda. Es un modelo de claridad y de firmeza en la condena de los
delitos, de justicia, de solidaridad con las víctimas y de misericordia con los
pecadores. Constituye, además, para nosotros una guía segura sobre cómo
proceder ante hechos tan reprobables, ante sus causas y consecuencias y con las
personas implicadas: las causantes y las víctimas. Sin agotar su contenido,
quiero resaltar los siguientes aspectos: 
Como el Papa,
hemos de condenar y condenamos, con firmeza y sin paliativos, la conducta de
quienes atropellan a otra persona, más aún cuando es menor de edad, y nos
sentimos solidarios con su sufrimiento. Como consecuencia, hemos de exigir la aplicación
de las penas que establezcan las leyes, tanto civiles como eclesiásticas.
“Tolerancia cero”, es la norma de la Iglesia en estos casos.
Habrán de
ponerse también los medios y los remedios adecuados para evitar estos abusos, atajando
sus causas, entre las que, a veces, se ha podido dar la falta de rigor en la
selección y formación integral de los candidatos al sacerdocio.
La primera
obligación que se deriva de estos delitos es la atención a las víctimas: la
reparación del daño causado y el adecuado acompañamiento, a fin de que superen
el trauma, recuperen su paz y equilibrio y se sientan integrados y valorados en
la Iglesia y en la sociedad.
Fidelidad a
la verdad y a la justicia ha de ser también un principio fundamental en estos
casos. Son delitos graves. Si el autor es un sacerdote o persona consagrada,
más grave todavía. Pero no es justo que se considere, o se cree la opinión, de
que sólo los sacerdotes y las personas consagradas son los únicos autores de
tales delitos, o de que todos los cometemos. Aunque no es un consuelo ni un
atenuante, la estadística y los hechos demuestran que el número de sacerdotes y
de personas consagradas que comenten tales delitos es proporcionalmente mínimo.
Se ha de
exigir, por tanto, el máximo rigor a la hora de imputar responsabilidades y de
airear como implicadas a personas que no lo están. De ahí la gravedad y la
injusticia de las acusaciones que se han hecho al Santo Padre Benedicto XVI por
sus “supuestos silencios u omisiones” en determinados casos, tanto cuando fue
Arzobispo de Munich como en su tiempo de Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe. Todo ello, a pesar de su clara y contundente condena de
estos hechos, de su Carta a los Católicos
de Irlanda y del reiterado desmentido por parte del Portavoz de la Santa
Sede, P. Lombardi. Justicia sí; pero para todos.
Otro
principio importante para los cristianos consiste en que, por difícil que
parezca, hay que armonizar siempre la claridad y la contundencia en la condena
de los delitos con la misericordia con el delincuente. Sólo para Dios es
posible la perfecta armonía entre justicia y misericordia, entre la condena del
pecado y la misericordia y el perdón para el pecador. Los cristianos tenemos la
obligación de aproximarnos al máximo a este modelo.
Una acción
de largo alcance y que contribuirá a rebajar el número de delitos y de
atropellos de esta naturaleza será la educación y la justa valoración de la
sexualidad y de la responsabilidad en su ordenado ejercicio, frente a su
permisividad y relajación y su liberación de toda norma y de toda consecuencia.
Es necesaria la valoración de la virtud de la castidad, que no ha pasado de
moda.
Finalmente,
y no porque sea lo menos importante, sino como una actitud constante, tenemos que
ser más solidarios con las víctimas y con todas las personas que sufren
violencia e injusticia y orar más por ellas. También por las personas víctimas
de la difamación y de la calumnia, como es, en el momento actual, la persona
del Papa. Oremos por él.
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